El Gobierno ya ha enviado a la Comisión Europea (CE) las propuestas básicas para reformar el mercado laboral y el sistema de pensiones, y ha confirmado que no ha planteado ampliar de 25 a 35 años el periodo de años cotizados que se tiene en cuenta para calcular la pensión.
"El último borrador que se ha mandado a Bruselas no lleva ningún tipo de alteración de lo que actualmente existe", ha dicho la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Montero ha añadido que el objetivo del calendario de reformas enviado a Bruselas en materia de pensiones es garantizar el sostenimiento del sistema en el medio y largo plazo, y ha recalcado que, no obstante, se trata de un borrador sobre el que deberá pronunciarse la CE y que tendrá que ser debatido en el marco del Diálogo Social con patronal y sindicatos.
La ministra ha explicado que ya se han remitido a Bruselas las 30 fichas o componentes que el Gobierno de coalición se ha comprometido a acometer para poder recibir los fondos europeos de reconstrucción y ha puntualizado que las dos últimas fichas, la del mercado de trabajo y la de pensiones, se remitieron ayer por la tarde.
En materia laboral ha señalado que el plan "contiene los elementos generales que inspiran la reforma laboral, con todos los elementos más lesivos, incorporados en el acuerdo de investidura" y sin dar detalles se ha referido a medidas para frenar la temporalidad en el mercado de trabajo.
Ha incidido en que se trata de la agenda "que el Gobierno de coalición tenía en su hoja de ruta desde el acuerdo de investidura", tanto en materia laboral, como en formación, educación o agricultura.
"Esperaremos las respuestas de Bruselas", ha añadido, tras señalar que posteriormente se debatirá en el Diálogo Social.
La portavoz del Gobierno ha recordado que la CE ha agradecido el trabajo que ha hecho el Ejecutivo para hacer un plan "acorde a la reforma que este Gobierno quería impulsar".
No obstante, el documento remitido a Bruselas sobre reforma laboral no detalla con precisión futuros cambios sobre la prevalencia de los convenios colectivos de empresas o sectoriales o sobre la ultraactividad y se limita a señalar que "se abordará en el Diálogo Social la ultraactividad, la relación de convenios sectoriales y de empresa,...".
El acuerdo de coalición progresista alcanzado con PSOE y Unidas Podemos para gobernar sí contemplaba derogar la reforma laboral y recuperar los derechos laborales "arrebatados por la reforma laboral de 2012" y concretamente señalaba que se derogaría "la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales".