Ochenta y cinco de cada cien nuevo afiliados que ha ganado Castilla y León durante la pandemia han sido gracias al paraguas del sector público. Las administraciones de la Comunidad han ejercido un auténtico monopolio sobre el mercado laboral durante los tres últimos años acaparando 13.000 de los 15.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social que contabilizaba Castilla y León al cierre del pasado mes de abril, convirtiéndose así en el gran empleador de la Comunidad durante los momentos más duros de la covid-19. El continúo refuerzo de sanitarios en los hospitales y UCI extendidas, de docentes para el desdoblamiento de aulas, o del personal de servicios sociales obligaron a Gobierno, Junta y entidades locales a arremangarse y bajar al barro del mercado de trabajo para realizar contrataciones masivas con las que hacer frente a la crisis derivada del coronavirus. Los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respaldan esta realidad. Castilla y León ha pasado de tener 914.881 afiliados en abril de 2019 a los 930.729 actuales, lo que supone una mejora de 15.848, de los que 13.032 –el 85%– han ido directamente a la nómina del sector público, dejando a las empresas como responsables de apenas el 15% de las nuevas afiliaciones en estos tres años –algo menos de 3.000–.
De hecho, bajado al ámbito sectorial, las cifras no dejan lugar a dudas. Actividades sanitarias y sociales, Educación y Administración Pública fueron los tres epígrafes que experimentaron un mayor repunte en la afiliación respecto al mes de abril previo a la pandemia, todos ellos orbitando sobre el sector público. Entre los tres suman casi 19.500 afiliados a la Seguridad Social más, frente a otros que han arrojado números rojos en este balance como el comercio o la hostelería, ambos muy castigados por los efectos de la pandemia.
No obstante, este exponencial crecimiento del empleo al servicio de las administraciones –ya supone el 16% del total– ha mostrado una cara amarga con el interminable repunte de la temporalidad entre sus trabajadores. Si antes de la pandemia rozaba el 26%, ahora está ya por el 32,3 por ciento. Lejos, muy lejos del ocho por ciento que marca Europa. Situación totalmente inversa a la ocurrida en el sector privado, donde ha descendido dos puntos hasta el 20,2 por ciento del total. Esto supone que la brecha de temporalidad entre ambos ha pasado del 3,1 por ciento al 12 en apenas tres años.
OEP Extraordinaria
Para revertir esta situación e intentar acercar las cifras de temporalidad en el sector público al, por ahora utópico, ocho por ciento, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, anunció recientemente que la aprobación de la convocatoria de empleo público extraordinaria de estabilización será antes del 1 de junio de este año y la convocatoria de todos los procesos correspondientes a ella antes de finalizar este año 2022. «Queremos retener el talento y captar empleo joven», sostuvo el responsable de la función pública autonómica.