La macrogranjas desembarcan en Valladolid. La ampliación de las explotaciones porcinas y los nuevos proyectos tanto de cerdos como de pollos están ocasionado cierto malestar entre las asociaciones medioambientales y entre grupos de vecinos que alertan sobre las consecuencias que tienen en la cotidianidad de los pueblos, mientras que los sindicatos agrarios y las administraciones se ciñen al cumplimiento estricto de la legalidad vigente. De esta forma, al menos seis de estos proyectos en la provincia están siguiendo un minucioso proceso administrativo para estudiar su viabilidad legal. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a todos ellos y habrá que esperar para ver su evolución.

Lo que sí ha generado la previsión de la puesta en marcha de estas macrogranjas es una controversia, tanto en la opinión pública como en los pueblos donde se instarán. Los proyectos reflejan una cifras que podrían suponer sobresaltos en un principio, pero que no son exageradas si se tienen en cuenta otras existentes en otros puntos de España. 

La iniciativa empresarial que más revuelo ha generado en el municipio y que más trascendencia ha tenido en los medios de comunicación es una macrogranja para más de 52.000 pollos dentro del término municipal de San Miguel del Arroyo. La mayor parte de los habitantes rechazan esta iniciativa empresarial al entender que «no traerá nada bueno para el pueblo», pero también existe un grupo que está a favor de que este proyecto llegue al pueblo. La situación es complicada y los vecinos viven «asustados» y «divididos» ante esta situación. 

Desde San Miguel en Vivo también inciden en que los «negativos» efectos medioambientales, sociales y económicos que esta explotación tendrá para el pueblo y que el grave perjuicio que suponen estas explotaciones avícolas para la salud son «mucho más dañinas que las de porcino, pero existe aún gran desconocimiento social sobre sus efectos».

Sin embargo, su alcalde José Arenal Velasco, mantiene que la licencia no se concede por parte del Ayuntamiento de forma aleatoria para un proyecto de estas características. Aclaró que este tipo de empresas están reguladas por la legislación y que nos concede el Consistorio a su antojo. Defendió la idea de que el proyecto se ajusta a la legalidad y, por lo tanto, tiene derecho a continuar los trámites. 

El regidor lamentó que la presión existente sobre el Ayuntamiento han hecho que el secretario municipal haya tomado la decisión de abandonar su puesto y pedir un traslado. Desde la Asociación Medioambiental San Miguel en Vivo destacan que este proyecto ocasionaría «polución y malos olores». 

Ajustándose a la ley. Las organizaciones agrarias no entienden el rechazo que se ha levantado en los vecinos la petición de licencia para una granja siempre y cuando la tramitación se ajuste de forma escrupulosa a la legislación vigente. De esta forma, el presidente de Asaja en Valladolid, Juan Ramón Alonso, destaca que el número mínimo de pollos se tiene que aproximar a los 50.000 para que comience a ser rentable. Por ello, apunta que una parte de la sociedad está mal informada. «Yo creo que hay un sector del pueblo que está mal informado». La misma opinión mantiene el presidente de la Cámara Agraria de Valladolid, Ignacio Arias, quien entiende que estos proyectos se deben respetar mientras respetan la ley. «No se puede decir a nadie que no lleve a cabo un proyecto de estas características siempre y cuando sea legal». 

San Miguel del Arroyo no es el único caso de la provincia, sino que al menos otras cinco iniciativas para otras cinco macrogranjas, algunas de ellas de nueva creación y otras que amplían sus instalaciones y su capacidad de producción. Es el caso del proyecto de ampliación de al explotación porcina de cebo de Villafrades de Campos, para pasar de 1.600 a 3.600 plazas. Para ello, se construiría una nave para el alojamiento del ganado, una balsa de purines de 3.500 metros cúbicos de capacidad, y la explotación se completaría con la obra civil necesaria para el saneamiento de las naves hasta la balsa de puri-nes.

Ecologistas en Acción recuerda que este tipo de macrogranjas generan malos olores, emisión de gases contaminantes y problemas de abastecimiento de agua en algunos municipios, la contaminación producida por la ganadería industrial en nuestra tierra (principalmente de porcino pero también de vacuno o aves) afecta a las aguas subterráneas, y puede perjudicar a la salud y empeorar la fertilidad del suelo.

Lo mismo ocurre en Cogeces del Monte, donde Los Navales S.L. ha  solicitado la ampliación en de una explotación de porcino de cebo de las 2.000 plazas totales con las que cuenta, hasta las 6.000. Ni más ni menos que triplicar la capacidad de producción de la explotación. En este caso, Ecologistas recuerda que no se debe olvidar la existencia de granjas de porcino en la zona vulnerable del Páramo de Cuéllar incide en una mayor presión sobre las aguas subterráneas debido a los purines que se van a generar.

Cerca de Cogeces del Monte, en Campaspero también se solicitó en 2019 la ampliación de  una instalación ganadera de porcino de cebo de 1.495 a 4.485 cabezas de ganado, en dos fases. En este sentido, las asociaciones ecologistas recuerdan que desde la propia Confederación Hidrográfica del Duero se reconoce que el Acuífero de Páramos de Cuéllar en el que se encuentra Campaspero está afectado tanto a la calidad del agua, como al volumen de agua almacenada. «Con este argumento debería ser suficiente, como para pensar la inviabilidad de dicha explotación porcina», recuerdan. Matizan que e?xiste un problema real con la falta de agua en los pozos existentes, con el consumo previsto para la granja de cerdos, pudiendo afectar al agua de los pozos cercanos y podría generar un problema económico y social en el municipio. 

En el municipio de Serrada se ha solicitado por parte de AgroSerrada S.L. un proyecto para la ampliación de su nave de explotación porcina de 1.500 cerdas madres y 264 de reposición hasta 2.640 cerdas madre, 500 de reposición y 6 verracos. Ecologistas matiza que se encuentra en una zona sensible a la carencia de agua por períodos de sequía (es el caso del período de riego del año 2017, en el que hubo problemas de abastecimiento para el riego de los cultivos existentes en la zona del Bajo Duero). Asimismo, el incremento puede afectar a perforaciones existentes y que pueda afectar negativamente a dichas explotaciones agrícolas. 

El alcalde de la localidad, César López, recordó que esta será la segunda ampliación que se lleva a cabo en esta explotación, ya que recientemente se ha aumento el número de animales, aunque afirmó que no se ha generado ningún tipo de controversia en el municipio debido a que la explotación está alejada del casco urbano, en la carretera a Matapozuelos y no ocasiona malos olores ni ningún otro inconveniente.