La Junta de Castilla y León prepara para 2023 un despliegue inversor que rompe la barrera de los mil millones de euros. Concretamente serán 1.015 los que el Gobierno autonómico destine para acometer obras y mejoras en la Comunidad durante el próximo ejercicio. Un repunte del 55 por ciento respecto a 2021 que viene espoleado por la lluvia de millones europeos –unos 2.000 millones incluida la PAC–, y que sitúan a las consejerías de Medio Ambiente (238 millones de euros), Sanidad (180 millones), Agricultura y Ganadería (130 millones) y Educación (119) como los primeros espadas de la inversión en Castilla y León durante 2023. «Vamos a transformar la economía regional para crecer y crear empleo estable y de calidad», significó el presidente de la Junta durante la presentación de los presupuestos.
Todo ello en un contexto en el que las cuentas autonómicas contemplan un crecimiento muy significativo de las operaciones de capital, que básicamente son las que inyectan dinero en la economía regional, bien sea a través de inversiones, bien a través de subvenciones y ayudas a entidades locales, colectivos o particulares, cuyo monto asciende un 35,2 por ciento y asciende a 1.247 millones de euros. En total, las cuentas del próximo año suponen un aporte de 2.534 millones de euros en operaciones de capital, un 41,8 por ciento más que en el último presupuesto, aunque suponen poco más del 16 por ciento del dinero que manejará la Administración autonómica el próximo año.
«Esto se traduce en un presupuesto inversor y dinamizador de la economía de la Comunidad, destacando la red de ayudas y apoyo a empresas, pymes y autónomos que dispone de 150 millones para propuestas empresariales generadoras de empleo», apuntó Fernández Mañueco, que recordó que a esto se suman programas de ahorro, diversidad energética y energías renovables, para los que se destinan 51,5 millones.
Por último, detalló que Sanidad, Educación y Familia acaparan el 92,74% de las transferencias corrientes, capítulo que alcanza los 3.312 millones, el 24 % de los gastos totales. De esta manera, 2.215 millones se destinarán a hacer frente al mantenimiento de las universidades públicas, centros de enseñanza concertados, farmacia y dependencia, entre otros.