Juzgan a un inmobiliario por cobrar por ventas no formalizadas

D.V.
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La Audiencia Provincial sentará en el banquillo al 'inmobiliario' D.S.A., propietario de una agencia situada en el Paseo de San Vicente, los próximos días 4 y 5 de julio para que responda de un presunto delito continuado de estafa

Piso en venta. - Foto: D.V.

El titular de una agencia de viajes de Valladolid se expone a una posible condena de cuatro años de prisión por un delito continuado de estafa cometido entre 2018 y 2020, periodo en el que, supuestamente, se hizo con distintas cantidades en concepto de señal por el alquiler y venta de viviendas, con la particularidad de que en el caso de los alquileres no contaba con permiso de sus titulares para el arrendamiento de los inmuebles.

La Audiencia Provincial sentará en el banquillo al 'inmobiliario' D.S.A., propietario de una agencia sita en el Paseo de San Vicente, los próximos días 4 y 5 de julio para que responda de un presunto delito continuado de estafa o, alternativamente, de uno continuado de apropiación indebida, con la petición formulada por la acusación pública de los cuatro años citados, multa de 3.960 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono a sus víctimas de cantidades que globalmente suman 8.880 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El periodo investigado en este juicio se sitúa entre los años 2018 y 2020, en el que, siempre según la tesis del fiscal, el acusado formalizó hasta medida docena de operaciones, cuatro de ellas de alquiler de viviendas situadas en el Paseo de Zorrilla y las calles Murcia y Ebro por las que obtuvo de los interesados cantidades de entre 450 y 480 euros en concepto de señal.

Sin embargo, el acusado puso en alquiler esas viviendas sin conocimiento de sus propietarios--algunos perseguían la venta del inmueble--, percibió las referidas cantidades de las víctimas y finalmente los alquileres no se llevaron a término.

En otros dos casos se trataba de viviendas puestas a la venta, una en la calle Caamaño y otra en la calle Andalucía, en las que simuló iniciar los trámites para la misma, percibió en el primer caso 2.000 euros del interesado por la reserva y en el segundo 5.500 euros y, al final, ninguna de dichas operaciones llegó a materializarse pero el acusado se quedó con el dinero.