Albert Rivera formuló el viernes en Burgos una de sus primeras medidas especificas para favorecer al mundo rural en otro intento político más por poner fin a la despoblación, que echa raíces profundas en la España interior: un 60% menos de tributación por IRPF a quienes residan en municipios con menos de 5.000 habitantes. Hecha la cuenta provincia a provincia, en Castilla y León este generoso beneficio fiscal estaría al alcance de los contribuyentes que residen en todos los municipios de la Comunidad salvo en 61. En total, un millón de personas están afincadas en estos núcleos se población y suponen casi el 40% de todos los habitantes del territorio.

La música suena bien. Toda medida que tenga como fin hacer viable la vida en el medio rural debe ser bien recibida. Pero también es cierto que precisa de un estudio previo precisamente para eso, para asegurarnos de que sirva de algo. Porque si el Estado –es decir, todos los contribuyentes– tiene que hacer un esfuerzo económico importante para conseguir que los pueblos sigan teniendo vida es necesario determinar de antemano aspectos tales como los costes y su rendimiento: dicho de otra manera, si el objetivo es alcanzable o corremos el riesgo de quedarnos a medias, que en muchos casos viene a ser haber perdido tiempo y dinero. No se trata de poner precio a la supervivencia de los pueblos, pero en la lógica preocupación colectiva de que el dinero público se invierta de manera adecuada, sería conveniente conocer cuál sería el resultado de la operación. Al menos, una aproximación del coste, porque es evidente que para conocer su efectividad habría que esperar un tiempo desde su aplicación. Porque no hay dolor que se cure sin tratamiento ni todos sirven para curar un mal concreto. A cada cual, el suyo, y a veces sin posibilidad de cura.

Será necesaria letra pequeña suficiente que ponga negro sobre blanco si ancha es Castilla o deben introducirse elementos que garanticen la eficacia de lo prometido por Rivera. ¿Rebaja para todos aquellos que vivan en pueblos de menos de 5.000 habitantes? ¿También, por ejemplo, para quienes residan en esos centenares de núcleos de 100 vecinos o menos con escasas posibilidades de invertir la tendencia y que estarán abandonados en menos de 20 años? Puestos a ser positivos, esa reducción del 60% a quienes allí residen ahora puede contemplarse como una compensación por lo duro que se hace sobrevivir día a día en ese entorno tan duro, pero no cumplirá el objeto de la medida de Rivera aunque se establecieran tres familias más, que ya sería un milagro. Muchos de esos municipios serán historia en relativamente poco tiempo por mucha fiscalidad que se pueda crear para sus vecinos. Sin abandonar a quienes viven en los pueblos más pequeños, la verdadera fuerza de esta medida debe emplearse en salvar el medio rural viable y que éste sirva de apoyo al que es claramente inviable mientras exista. Y siempre, por supuesto, evitando la picaresca. Si por ahorrar cuatro euros en el impuesto de circulación se producen fraudes de empadronamiento en pueblos cercanos a una ciudad, ¿qué no nos quedaría por ver si gracias a la vivienda heredada de los abuelos en el pueblo un urbanita puede reducir su pago de IRPF en varios cientos, incluso miles de euros al año, si se empadrona allí aunque siga residiendo en la ciudad? En esos casos, para nada descartables, la eficacia de la medida sería nula y se esquilmarían recursos de todos. De ahí que el anuncio de Rivera haya que valorarlo, pero exigirle al mismo tiempo más profundidad y mecanismos que garanticen la eficiencia del gasto en la consecución del fin perseguido. O sea, que necesita de mucha letra pequeña más en menos de un mes, bien para que no se quede en lo que suelen quedarse los anuncios lanzados en campaña electoral, bien para que podamos juzgar la propuesta en su totalidad.