El Consejo de Cuentas de Castilla y León pidió al Gobierno autonómico "agilizar los pagos" de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 para "aumentar la efectividad de las ayudas concedidas, especialmente en aquellos sectores que han sufrido las mayores caídas de ingresos", así como establecer los controles necesarios para asegurar que todas queden recogidas en su Portal de Transparencia.

Así figura entre las recomendaciones del informe de fiscalización del análisis del diseño de las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 y tramitadas por la Junta que fue aprobado por el Consejo de Cuentas el pasado 25 de julio y presentado hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes por el presidente de la institución propia de la Comunidad, Mario Amilivia.

En su comparecencia, Amilivia recordó que esta fiscalización se encuentra planteada en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, suscrito por la Junta y la mayoría de grupos parlamentarios el 17 de junio de 2020, y su marco temporal se limitó al 30 de septiembre de 2021 por ser este "un periodo suficiente para obtener información significativa".

Así, se convocaron entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 un total de 641 millones en ayudas y subvenciones por motivo de la pandemia a través de 97 líneas distintas. Del montante total, se concedieron hasta el 30 de septiembre de 2021 un conjunto de 454 millones de euros, el 70 por ciento del importe convocado, habiéndose pagado 377 millones, un 82 por ciento del importe concedido y un 59 por ciento del convocado, a 31 de diciembre de 2021.

Sin embargo, dentro del Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, el Consejo de Cuentas advirtió que no constaban el 65 por ciento de las 97 líneas de subvención, dentro del apartado específico de ayudas Covid, motivo por el que se recomendó al Gobierno autonómico el establecimiento de controles que aseguren que todas las ayudas y subvenciones queden recogidas en el Portal de Transparencia.

50% del ICE y Fomento

En cuanto al tipo de subvenciones o ayudas, el Instituto para la Competitividad Empresarial concedió un 36 por ciento de las relativas al Plan de Choque para el Empleo, mientras que un 14 por ciento correspondió a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, siendo las dos entidades que concedieron un mayor importe de las diez que comunicaron subvenciones.

Se concedieron de forma directa 78 líneas de las 97 comunicadas, por un importe total de 366 millones de euros, un 80 por ciento del total, instrumentándose mediante acuerdo de la Junta la concesión de 43 líneas por importe de 167 millones de euros y 35 líneas mediante una convocatoria pública.

No obstante, el Consejo de Cuentas observó que los centros que gestionaron las ayudas o subvenciones carecían de estudios previos específicos que apoyaran una correcta planificación, sirviendo como soporte tanto el Plan de Medidas Extraordinarias como el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León.

Destacó, eso sí, Amilivia a la Gerencia de Servicios Sociales, a la Dirección General de Comercio y Consumo y a la Dirección General de Producción Agropecuaria por la realización de estudios previos adicionales con el fin de analizar la situación y proceder a una correcta planificación de las ayudas, lo que muestra, en opinión del presidente del Consejo de Cuentas, "una especial diligencia".

Sin evaluación

Vinculado a esta situación, Amilivia apuntó que, a 30 de septiembre de 2021, "no consta la realización de informes de evaluación por parte de los entes fiscalizados", por lo que la Junta "no puede valorar el efecto de las subvenciones comunicadas".

Unas ayudas que tenían por objeto, en su mayoría (84 por ciento), "mantener el tejido productivo de la Comunidad", para lo que se pagó el 76 por ciento del importe concedido a 31 de diciembre de 2021, mientras que para las medidas que buscaban minimizar el impacto social de la pandemia representaban el resto de las convocatorias.

Así, de los 360 millones de euros concedidos con el objetivo de apoyar al tejido productivo, el 52 por ciento se dirigió a la economía en general, mientras otros 94 millones, un 20 por ciento del importe total concedido, para minimizar el impacto social de la pandemia.