La tramitación de la bautizada popularmente como 'Ley Trans' ha generado un intenso debate social y político. Un ambiente de crispación que contrasta con el objetivo de la iniciativa de poner fin a la «discriminación estructural» del colectivo y que requiere de un mínimo consenso político para evitar recursos de inconstitucionalidad. 

La regulación, un compromiso del pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos, abrió primero una brecha entre los colectivos feministas y LGTBi porque las primeras consideran que es «problemática» para los derechos de las mujeres. Y ahora ese desencuentro se extiende a los socios de Gobierno, y ha provocado que los socialistas, con un profundo debate abierto entre su militancia, apuesten por alargar la fase final de la tramitación parlamentaria.

La nueva ampliación, la tercera de esta fase, permite registrar enmiendas al proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans hasta el próximo lunes. Desde el PSOE la justifican en la necesidad de dotar de «mayor seguridad jurídica» al texto final porque asumen que los partidos de la oposición lo recurrirán al Tribunal Constitucional.

La fricción se centra en la autodeterminación de género, sobre todo en la nueva regulación que se establece para los  menores de edad, pero también en algunos aspectos que podrían afectar a la protección de las víctimas de violencia de género.

Autodeterminación. Esta es la gran novedad del texto legislativo y garantiza el cambio del sexo en el Registro Civil sin necesidad de informe médico, incluidos los menores de entre 16 y 18 años. Este proyecto, que detalla los requisitos por tramos de edad, fija que a partir de los 12 años y hasta los 14 es necesaria la autorización judicial y de los padres. Entre los 14 y 16 se requiere el consentimiento de los representantes legales y a partir de los 16 se eliminan todos los requisitos.

Hasta ahora la ley, desde  el año 2007, permitía cambiar la mención al sexo en el Registro Civil y modificar el nombre propio, pero cumplida la mayoría de edad y cumpliendo una serie de requisitos. Además, exigía presentar un informe médico o psicológico que acreditara la disforia de género y, también, haber recibido tratamiento hormonal durante al menos dos años para el cambio de género.

Regulación autonómica. La denominada autodeterminación de género también estaba reconocida, en parte, en las legislaciones autonómicas,  salvo Castilla y León y Asturias, y las dos ciudades autónomas. Aunque esas leyes recogía, al igual que en la estatal, esta posibilidad para los  mayores de edad. Aquí, la Junta ha optado por 'dormir' el texto que se tramitó hace varios años en el parlamento regional. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, lo justificó hace varios meses, en el dictamen del Consejo Consultivo que recomendaba esperar a la nueva ley estatal.

Aunque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció esta semana que su partido derogará esta ley si llega al Gobierno el próximo año. El 'popular' la considera una frivolidad, pero sobre todo recalca que «afecta a los derechos de las mujeres, de la infancia, y se toma a broma conceptos y principios básicos» 

Protección menores. Este proyecto da un paso más en la doctrina que marcó el Tribunal Constitucional, que en 2019 anuló la legislación que restringía esta posibilidad solo a los mayores de edad. En esa sentencia se abría la puerta a la autodeterminación en menores, pero matizaba la necesidad de la «suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad». Y pedía los mismos requisitos que se establecían para los mayores de 18.

«Ahora se quita el protagonismo a los padres y se deja al menor desprotegido», apunta Ruth González Collantes, psiquiatra y responsable de la Unidad de Diversidad de Género del Hospital Clinico. Esta profesional está especializada en los menores que se plantean el cambio de género y pide que se les escucha a la hora de legislar sobre un tema tan complejo. «Algunos lo tienen muy claro, pero hay otros que no», recalca. «Es necesario el acompañamiento en el proceso de reconocimiento de su propia evolución», detalla. Y recalca que para nada se les trata como enfermos. «Son usuarios de la sanidad, donde hay asistencias que no son patológicas. Y en este caso son usuarios sanos»,  subraya. 

También recalca la importancia de «ajustar» las expectativas y ofrecer toda la información. Y considera que gracias a esto no ha registrado en su consulta ningún caso de que una vez iniciado el procedimiento de cambio de sexo se haya decidido una reversión

Por eso muestra su preocupación ante la posible desaparición de este acompañamiento «objetivo, nunca subjetivo», y rechaza el argumento de que los médicos decidan quién puede cambiar de género y quién no. «Nosotros no decidimos, son ellos. Y también acompañamos a la familia». Y apunta que consultas como la de la Unidad de Diversidad son muy importantes porque los chicos «todavía no tienen hecho el 'yo' y se les ayuda a integrarse en su nuevo rol». Un trabajo que realizan conjuntamente con los endocrinos, cuando ya se da el paso a la hormonación.

La facultativa no oculta su preocupación por el efecto llamada que pueda tener la ley. De hecho, confirma que en los últimos meses ya han tenido un incremento de entre el 20 y el 30%. Un «efecto modo» que luego se amortigua porque mucho no dan el paso de la hormonación. Pero que en muchos casos también asociados a trastornos alimentación, bulling,... «Aquí les ayudamos a rebajar ese disconfort». 

Por eso pide garantías en la nueva ley, que advierte puede dejar la puerta abierta a la objeción de los facultativos.

Nuevos derechos. Los colectivos LGTBi están muy preocupados por el retraso en la tramitación de la nueva ley, que recalcan es básica para «garantizar» los derechos de una minoría «marginada» socialmente. Consideran que la polémica surge de los bulos que circulan. «Se está transmitiendo que los menores podrán hacer lo que quieran. Es falso. No se promueven operaciones», recalca Yolanda Rodríguez, presidenta del colectivo en Valladolid. «Se eliminan las trabas para permitir el cambio registral, para que puedan ser tratados por su sexo sentido. Eso no supone hormonación», matiza.  Y reitera que actualmente para este cambio hay muchas «trabas» aunque los padres estuvieran de acuerdo. «Y eso supone que se dan muchos casos de bulling, que derivan incluso en suicidio».

Rodríguez considera que la ley ya es lo suficientemente garantistas y que, sobre todo, garantiza la «dignidad» de la personas trans. «Hace falta un soporte jurídico para garantizar derechos y respetar la autodeterminación de género». Y en la misma línea, considera que las trabas de las feministas devienen de una cuestión generacional. «No se va a borrar a nadie, ni devaluar derechos de las mujeres. Es todo lo contrario, es un avance».

El testimonio. Hugo García: «El cambio es duro y hace falta empatía»

Hugo García, de 43 años, comenzó su proceso de cambio de género hace seis. Este vallisoletano relata que ha sido un camino duro, en el que todavía le faltan algunos hitos por superar. Asegura que él tenía muy claro que algo no iba bien, que se veía diferente a como lo veía la gente. «Tenía dos armarios. Uno de cara al público, en el que actuaba como una lesbiana. Otro, del que salí para comenzar la transición porque no podía seguir así». Detalla que tardó en acceder a la Unidad de Diversidad de Género, pero tuvo la suerte que luego todo fue rápido porque coincidió con la puesta en marcha del proceso de buena fe. Eso implicó consultas psicológicas y con el endocrino. Todo para iniciar el camino de la hormonación y también de las operaciones (histerectomía y mastectomía), que todavía no han concluido. Él tiene claro que el camino ha compensando y desde el primer momento es feliz.