Ningún alumno con suspensos obtendrá el título de Bachiller

SPC
-

El presidente anuncia que la Comunidad utilizará todos los instrumentos jurídicos para defender la libertad de elección de centros y la coexistencia de la escuela pública y concertada

Un grupo de alumnos vuelven a sus aulas en un instituto de Palencia. - Foto: Óscar Navarro

Ningún alumno de Castilla y León con asignaturas suspensas obtendrá el título de Bachillerato, tal y como recoge la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como la Ley Celaá en referencia a la ministra de Educación, que el jueves fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Esta es la decisión que ha tomado la Junta de Castilla y León que pretende frenar la nueva normativa educativa en la Comunidad dentro de sus competencias. Así lo anunció ayer el presidente de la Junta, AlfonsoFernández Mañueco, que  echó en falta que la nueva ley educativa haga un «esfuerzo» por el mérito y la capacidad, que se deben exigir a los estudiantes.  
Tras mantener una reunión con las organizaciones representativas de la enseñanza concertada en la Comunidad, Fernández Mañueco aseguró que las cuestiones que se delegan a las comunidades como los suspensos de Bachillerato y la protección del modelo complementario de la educación pública y concertada, entre otros, se van a «proteger» con todos los instrumentos jurídicos que permite el Estado de Derecho y que estén al alcance de la Junta y con el diálogo con la comunidad educativa. Rehusó hablar del recurso de inconstitucional, por el que apuesta la Comunidad de Madrid, y señaló que será el instrumento jurídico que concite la mayor protección, por un lado, y el mayor consenso, por otro lado.
De ahí que apuntara que la consejera de Educación, Rocío Lucas, y su equipo, abrirá un espacio de diálogo con todos los agentes del sistema educativo de la Comunidad. «Defenderemos a las familias, los estudiantes, los docentes y a todos los trabajadores del sistema educativa, tanto de los centros públicos como de los concertados. Las puertas de mi despacho están abiertas a todos», manifestó. Por lo tanto, una vez que finalice esa ronda de contactos y en función de lo que recomienden los Servicios Jurídicos de la Junta, se decidirá la posición para ver si hay una lesión de derechos constitucionales o no.  
Modelo de éxito

El presidente de la Junta lanzó un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa al destacar que el Ejecutivo autonómico protegerá el sistema educativo de «éxito», garantizando la calidad y la educación de la enseñanza pública concertada y especial. En este sentido,  reconoció que es «fundamental» contar con una normativa en materia de educación que «salvaguarde» los derechos de los alumnos y las familias, que pasa por proteger la libertad de elección de centros, ya sean públicos o concertados o ya sean especiales y ordinarios porque añadió que el sistema educativo regional es también inclusivo.  
No en vano, Mañueco afirmó que la Constitución reconoce derechos como la libre elección de centro, en igualdad, por lo que los poderes públicos deben garantizar y no «agredir». Consideró que una de las claves de ese éxito educativo es la coexistencia de la educación de los centros públicos y la que se presta en los colegios concertados, con un reparto «equilibrado» del alumnado. «Hay que proteger esa coexistencia y mejorarla de cara al futuro por que los colegios concertados claramente contribuyen a los excelentes resultados de nuestra educación», afirmó.
Pese a recordar que la ley ha pasado el «importante» trámite del Congreso y aún falta que sea aprobada por el Senado, Mañueco criticó que la Ley Celaá vacía de contenido las competencias del Estado. «Es nuestra principal reivindicación por que el Estado hace dejación de funciones al trasladar a las comunidades regulaciones que le corresponden al Gobierno central», señaló. Lamentó que se haya renunciado a criterios comunes como la existencia de un currículo común, mismos requisitos a la hora de promocionar y obtener los títulos oficiales y la exigencia de una EBAU única que la nueva ley, precisó, deja «sepultada».  
Además, consideró que la ley debía reconocer el castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional, sin perjuicio del respeto a otras lenguas propias, además de respetar el modelo educativo público, con la convivencia de los centros públicos y concertados.