scorecardresearch

Meseta Ski: Una presunta prevaricación a fondo perdido

A. G. Mozo
-

La Audiencia juzgará en 2023 uno de los supuestos casos de corrupción política vallisoletana con más solera: el proyecto para convertir un monte quemado en una estación de esquí seco. En el banquillo se sentará el expresidente de la Diputación

160621JT_0114.JPG - Foto: J.T.

El prólogo, en forma de un primer contrato, se firma el día 13 de julio de 2006 y el epílogo que contendrá la futura sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid llegará en 2023; habrán pasado 17 años y eso si el asunto no se eleva, como suele ocurrir, a instancias superiores... Cerca de dos décadas para dirimir uno de los procesos de presunta corrupción política vallisoletana con más solera. Uno en el que la Diputación, a través de la sociedad para la promoción turística Sodeva, habría llegado a desembolsar 11,6 millones de euros para convertir un monte quemado de Tordesillas (en la pedanía Villavieja del Cerro) en la primera estación de esquí seco de España. Un proyecto tasado inicialmente en cuatro millones y que, a medida que recibía varapalos judiciales, iba incrementando su presupuesto hasta triplicarlo, pese a que la testadura realidad solo apuntaba hacia el fracaso.

La Sección Segunda sentará en el banquillo a los cuatro máximos responsables políticos y técnicos de la gestión de la iniciativa Meseta Ski: Alfonso Centeno, actual alcalde de Olmedo por el Partido Popular y, en su día, presidente de Sodeva y vicepresidente de la Diputación; Pedro Pariente, vicepresidente de la sociedad y, después, también, gerente; Luis Torroglosa, exjefe de Urbanismo de la Diputación de Valladolid; y Valentín González Reoyo, exjefe del departamento de Obras de Sodeva. La Fiscalía, que activó la vía penal en agosto de 2019, pide para cada uno siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de prevaricación continuada. Por su parte, la acusación popular (que ejercen Ecologistas en Acción y la coalición política Toma la Palabra) eleva la solicitud de condena hasta los once años de inhabilitación y 11,6 millones de indemnización, un aspecto rechazado porque esto solo puede plantearlo la Fiscalía.

Ni rastro de una posible pena de cárcel tras quedar fuera del objeto de este futuro juicio los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, según consta en el reciente auto de apertura de juicio oral emitido por el Juzgado de Instrucción 4, y con el que se volvía a poner punto y final a las pesquisas.

En la anterior, en junio de 2021, el juez instructor lo había archivado al entender que los delitos habrían prescrito, pese a lo cual definía de «despropósito» la gestión llevada a cabo. Ocho meses después, la Sección Cuarta de la Audiencia corregía el criterio de Instrucción 4: los supuestos actos delictivos se habían prolongado hasta 2010 y el plazo de prescripción no es de cinco, sino de diez años.

«Despilfarro»

El tribunal acusaba a los cuatro procesados de «un derroche de fondos públicos», incluso de un «despilfarro» en el «aumento de una inversión por conveniencia», pero señalaba en su dictamen de reapertura que no constaba «desvío de fondos». Había pruebas de una (presunta) prevaricación de años, pero no de esa malversación que, en todo caso, la Audiencia invitaba a investigar. El auto decía que la gestión había sido «irregular» y que causó un «considerable perjuicio económico», aunque reconocía que «las cantidades fueron empleadas en la ejecución» del proyecto y apuntaba a «la falta de evidencia de un enriquecimiento injusto» de los investigados.

Más dudas al respecto muestra la acusación popular que tiene clara la concurrencia de un delito de malversación que no va a poder ser enjuiciado. «La instrucción de este caso se queda muy corta, porque no se regalan 12 millones de euros a una empresa si no se recibe nada a cambio, a fondo perdido para no tener nada», destaca el letrado que representa los intereses de Toma la Palabra y Ecologistas en Acción, quien entiende que también debió investigarse a Corsán-Corviam, la adjudicataria de unas obras que fueron consideradas ilegales por los juzgados de lo Contencioso, el TSJ y hasta el Tribunal Constitucional, que terminó interviniendo en este asunto para tumbar la ley regional que aprobó la Junta de Castilla y León en 2010 para salvar Meseta Ski declarándolo como Proyecto de Interés Regional.

«Estos avatares judiciales, lejos de invitar a la prudencia, a replantear la cuestión (...), motivaron en los acusados una permanente huida hacia delante impulsando acuerdos y emitiendo informes que supusieron mayores pérdidas de dinero público», dice en su escrito de acusación.

Alfonso Centeno

El principal acusado en el juicio será Alfonso Centeno, que podría llegar aún como alcalde de Olmedo, aunque sin ningún cargo ya en la Diputación Provincial, y que ha declinado dar su versión de los hechos. La vista no tiene fecha, si bien la Audiencia ya está fijando juicios para 2023, y se estima que el caso Meseta Ski se podría dirimir «en cuatro o cinco sesiones», lo que facilitaría el encaje en el siempre cargado calendario judicial.