Castilla y León rechaza, casi de forma unánime, las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año presentados este jueves. Las cuentas, que asignan a la Comunidad 955 millones de euros para inversiones reales en 2023 –un 4,2% menos que este año–, han aunado bajo una misma voz a la Junta de Castilla y León, partidos políticos, patronales, sindicatos, e, incluso, algún alcalde socialista como Óscar Puente (Valladolid) o José Antonio Díez (León), en las críticas a los grandes números del PGE 2023. Aunque con distinta intensidad y por diferentes motivos, lo cierto es que el presupuesto estatal no ha caído con buen pie en Castilla y León. Frente a esto, y ante la ausencia de declaraciones del Partido Socialista y de Unidas Podemos a nivel regional, solo la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, salió en defensa de las cuentas, de las que explicó  que sientan las bases para futuras actuaciones que en su fase inicial no tienen importantes consignaciones y apeló a no fijarse «solo» en los números por regiones.

El más madrugador en sus críticas fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que a primera hora de la mañana durante un acto en Zamora se preguntaba «qué le hemos hecho al Gobierno de Sánchez para tratar de forma tan negativa a Castilla y León». «Mi valoración no puede ser más negativa», añadía el dirigente regional, que recordó que la Comunidad es la única, junto a Murcia, en la que se recortan los fondos para inversiones reales con respecto a 2022. «Una cifra histórica de gasto, unos fondos extraordinarios y están subiendo los impuestos pero a Castilla y León no llega ese retorno», recalcó al respecto el presidente autonómico. 

En la misma línea, el PP autonómico denunció que Castilla y León es «maltratada» por el Gobierno tras conocerse las inversiones reales. Más irónico fue el procurador de Ciudadanos en las Cortes, Francisco Igea, que reconoció que, «menos mal que Castilla y León está en el medio y los trenes y las autovías pasan por aquí. Si llega a estar en una esquina, tendríamos un problema». La UPL y Soria Ya, por su parte, tampoco se mostraron contentos con las cuentas, aunque sus reclamaciones se centraron en las, según ellos, carencias para sus provincias.

Cámaras de comercio y CEOE

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León tachó de «insuficiente y escaso» el esfuerzo inversor del Gobierno central, y lamentó las «insignificantes» partidas destinadas para las partidas de la A-60, A-15, A-12, A-73 y A-76. Por otro lado, las líneas de Alta Velocidad «sólo permitirán avanzar en cerca de 15 kilómetros que fomentarán el empleo directo e indirecto de 300 personas». Desde la patronal CEOE pusieron la vista en la fiscalidad, y consideraron que «es inadmisible la postura adoptada por el Gobierno de decidir de manera unilateral y a espaldas del diálogo social nacional, donde en estos momentos trascurren las negociaciones para nuevas reformas del sistema público de pensiones, subir un 8,6% las bases máximas de cotización».

CCOO y UGT, los dos sindicatos mayoritarios en Castilla y León, tampoco ocultaron su decepción con las grandes cifras. Faustino Temprano (UGT), analizó «negativamente» el proyecto porque, mientras las cuentas en inversiones crecen en su conjunto, «aquí bajan y hay partidas que se repiten» que ya estaban en las cuentas de 2022. Vicente Andrés (CCOO) emplazó a las explicaciones que les de la delegada delGobierno para ver dónde se producen los recortes, «en qué capítulos y de qué forma se plantea la bajada».

«Todo es mejorable»

Una delegada del Gobierno que defendió que la inversión en Castilla y León es mayor que la que figura en el proyecto de los PGE por las partidas «no territorializadas». «Sin ambages, son buenos para la Comunidad», explicó Barcones, que quiso hacer hincapié en el carácter social de las cuentas. «En los años de Gobierno de Pedro Sánchez se ha reorientado claramente la política presupuestaria hacia una mayor justicia social y transformación del modelo productivo», resumió antes de recordar las medidas puestas en marcha con cargo a los presupuestos como el IMV, bonos sociales, revalorización de las pensiones o la ayuda joven para el alquiler.