Tras la condena de Ígor el ruso a prisión permanente revisable por el asesinato de tres personas, esta pena del Código Penal español sigue aumentando su importancia, a pesar de que haber sido muy cuestionada cuando fue aprobada en marzo de 2015 por el Congreso de los Diputados, donde salió adelante solo con los votos del PP. Hasta la fecha se ha aplicado en una quincena de casos graves de asesinato, algunos tan mediáticos como los del descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira; o el asesino de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias El Chicle. Ambas condenas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.
Entre los procesos que han acabado en este tipo de pena prevalecen, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), condenas a hombres, aunque también se han dado casos de mujeres, como el de Ana Julia Quezada, asesina del niño Gabriel Cruz.
La primera persona a la que se le impuso esta pena fue al conocido como parricida de Moraña, David Oubel, quien fue condenado en junio de 2017 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra por el crimen de sus dos hijas en julio de 2015, cuando contaban con cuatro y nueve años de edad.
El segundo castigado con la prisión permanente revisable fue el carnicero de Icod, Sergio Díaz, condenado en marzo de 2018 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por matar al abuelo discapacitado de la que entonces era su pareja. Si bien, el Tribunal Supremo revocó la sentencia en enero de 2019 al considerar que se aplicó indebidamente los agravantes y sustituyó la pena por 24 años de prisión.
Distinta suerte tuvo el conocido como asesino de Pilas (Sevilla), al que la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó en julio de 2020 la pena de prisión permanente revisable por matar con un arma blanca a una mujer en marzo de 2017 con la finalidad de ocultar el delito previo, ya que intentó agredirla sexualmente.
Finalidad
El objetivo de esta pena es impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Así, la norma señala que cumplida una parte de la condena, que oscila entre 25 y 35 años, el tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años. «Y lo hará también siempre que el reo lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes», según recoge en la única reforma a la que ha sido sometida.
Tras su aprobación, el PP y Ciudadanos llevaron en 2018 al Congreso propuestas para ampliar los crímenes penados con prisión permanente revisable a modo de enmiendas a la totalidad de la proposición de ley del PNV que buscaba derogar esta pena máxima. El PSOE se opuso y su portavoz Adriana Lastra recordó que el Tribunal Constitucional tenía pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado en 2015 por los socialistas que consideraban que esta medida estaba fuera de la Carta Magna.