Afrontar el pago de la calefacción se ha convertido en la principal obsesión, y en el miedo, de muchas familias españolas que quieren evitar que esta factura haga saltar por los aires la economía doméstica. Un temor que nace de la incertidumbre de un conflicto, el de Ucrania, que no parece que vaya a tener una solución a medio plazo. Pero es un miedo que también surge de algunas certezas, como las de haber tenido que afrontar ya unos precios disparados para pagar la luz, la gasolina y los alimentos, entre otras cosas.

Tan dura es la situación, sin que haya llegado todavía la crudeza del temido invierno, que las asociaciones del tercer sector ya empiezan a notar que son más recurrentes las solicitudes de ayuda para pagar los suministros que para recibir comida. Por ejemplo, en Cáritas Valladolid reconocen que las cifras de personas atendidas este año son «muy similares» a las del año pasado, pero desde el verano se han incrementado un 25 por ciento las que requieren ayudas económicas directas para el pago de la vivienda y gastos derivados, como la luz y el gas. «Es el desembolso más importante en el economía familiar y esperamos que en noviembre, diciembre y enero haya un repunte en el número de solicitantes», explica Raquel García, trabajadora social de Cáritas.

El 25 por ciento de las ayudas económicas de esta oenegé es para que los beneficiarios puedan comprar comida, un porcentaje que ya se eleva al 50 por ciento en el caso del pago de la hipoteca o alquiler y los suministros del hogar. Es decir, hasta septiembre se han destinados unos 86.000 euros de 326.000 euros al primer concepto y al segundo, cerca de 170.000 euros. Unas cifras a las que hay que añadir el reparto de alimentos que hace Cáritas en persona a través de algunas parroquias.

Aunque la entidad trabaja para transformar este sistema. La idea es dejar atrás las conocidas como 'colas del hambre', que tanto estigmatizan a los que las integran. Cáritas lleva tiempo apostando por implantar otros sistemas «más dignos para las familias». Por ejemplo, transferencias bancarias o bonos que los beneficiarios pueden canjear en el supermercado. Una fórmula que les permite adaptar más esa ayuda a sus necesidades y gustos y comprar productos frescos, que las entidades no pueden ofrecer al ser perecederos. Otras líneas de ayuda de Cáritas están enfocadas a gastos escolares y sanitarios, entre otros. En total, el año pasado fueron casi 500.000 euros que, según las previsiones, se superarán en 2022.

Ayudas de emergencia social

El propio Ayuntamiento de Valladolid ha notado esta tendencia en las ayudas de emergencia social que reparte todos los años. De los 1,3 millones concedidos hasta el 26 de octubre, el 17,3 por ciento, es decir, algo más de 227.000 euros, han ido destinados a suministros energéticos, un concepto que engloba luz, gas, carbón, leña, butano, pellets, etcétera. Es la segunda partida más cuantiosa, solo por detrás de las ayudas para el alquiler, que concentran el 43 por ciento del total, con 563.700 euros. A alimentos se dedicó algo más de 126.000 euros, el 9,6 por ciento.

Esta tendencia ya se observó el año pasado, pero contrasta con la radiografía de 2020, cuando, a pesar del confinamiento, los suministros del hogar solo representaron el 10,7 por ciento de los casi 1,1 millones de estas ayudas, mientras que la comida supuso el 34,5 por ciento, casi al mismo nivel que el pago del alquiler, el concepto que todos los años se sitúa en primer lugar, según los datos facilitados por la Concejalía de Servicios Sociales.

Bien es cierto que no todas las entidades han notado esta tendencia. Desde Cruz Roja Valladolid dicen no haber detectado un especial incremento de solicitudes de ayuda para comer o para pagar luz y gas, algo que sí ha sucedido entre los que quieren asesoramiento para encontrar un trabajo. «Creo que las familias están tirando de un posible colchón de ahorro, pero sabemos que en los próximos meses, cuando empiece a hacer frío, la situación va a empeorar», dice la presidenta, Rosa Urbón, quien también añade que «Cruz Roja está preparada» para ello. De hecho, la entidad ha puesto en marcha el programa 'Cruz Roja reacciona', dotado con ocho millones en toda España, de los que cien mil euros son para la delegación provincial en su primera fase. «Son ayudas puntuales e inmediatas para familias que no puedan afrontar los gastos de electricidad, gas, transporte, vivienda, etcétera», añade Urbón.

Hay otras entidades dedicadas íntegramente al reparto de alimentos que también están notando esta situación de emergencia social. Una de ellas es el Banco de Alimentos, donde, además, han tenido que afrontar un descenso de las donaciones. «En junio, julio y agosto ha sido del 80 por ciento, aunque en las últimas semanas se han recuperado un poco», dice el presidente, Jesús Mediavilla, quien reconoce que la demanda de comida se ha empezado a incrementar a partir de septiembre. De hun problema de salud mental echo, en ese mes se ayudó a casi 15.000 personas, frente a las poco menos de 12.500 que eran habituales a principios de año.

Otro ejemplo es el de la Sociedad San Vicente de Paúl, donde se reparten lotes de alimentos a los más necesitados, con casi mil beneficiarios al mes, un 15 por ciento más que antes de que empezara esta crisis de precios. Y si no son más, según su presidente, Antonio García, es porque estas personas llegan derivadas desde los Centros de Acción Social (CEAS), donde distribuyen a los solicitantes para que ninguna entidad se vea desbordada. Esta sociedad entrega lotes con nueve litros de leche para cada mes, además de galletas, cacao soluble, café, legumbres y conservas, entre otros productos. Una de las cosas que más llama la atención a García es que han empezado a recurrir a ellos personas muy jóvenes, «de poco más de veinte años», aunque siempre han sido los mayores los principales benficiarios.

Migrantes

Esta situación también ha impactado con dureza en uno de los colectivos más vulnerables: el de las personas migrantes. La asociación Procomar trabaja por su integración y desde allí reconocen que la actividad en los últimos dos meses se ha incrementado por dos razones. La primera, la crisis inflacionista; y la segunda, la situación sociopolítica, que ha hecho que lleguen muchas más personas de Ucrania, y también de Rusia. «Se ha incrementado el número de personas que estamos atendiendo, actualmente son unas diez al día», explica Pilar Arroyo, trabajadora social que hace las funciones de técnico de primera acogida. Esta entidad ofrece una asesoría a estas personas para que consigan un trabajo o para que sepan cómo puede acceder a los alimentos de los servicios sociales municipales.

Hace tiempo que el perfil de las personas que atienden estas entidades está cambiando. Uno de los más recientes está relacionado con la precariedad laboral. Es decir, personas que tienen trabajos que están tan mal pagados que no les permiten salir de la pobreza y tienen que pedir ayuda para llegar a final de mes. Otra novedad son los miembros de hogares unipersonales, dado que ahora es mucho más difícil poder pagar las facturas con una sola nómina.