Las empresas auditadas de Castilla y León tienen, de media, el triple de beneficios y facturan el doble que las que no se auditan, según las cuentas de resultados presentadas en la última década. Se trata de una de las conclusiones que arroja el informe 'Las diferencias entre empresas auditadas y no auditadas de Castilla y León', realizado por la Cátedra MANGO de Responsabilidad Social Corporativa de ESCI-UPF (Universidad Pompeu Fabra) en colaboración con el instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
El estudio investiga el comportamiento de cerca de 200.000 empresas españolas, 7.200 de ellas en Castilla y León, con unos ingresos de explotación superiores a los 500.000 euros, entre los años 2009 y 2019.
El presidente de la Agrupación de Castilla y León del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Rodrigo Cabrejas, pone el énfasis en el análisis entre empresas que no tienen la obligación de auditar sus cuentas para que el volumen de las que sí están obligadas no desvirtúe las comparaciones. Y en ese rango, las mercantiles castellanas y leonesas que optan por una auditoría obtienen mejores resultados en todos los parámetros de estudio.
De acuerdo con el informe, la media de las medianas en el periodo de 10 años analizado, las empresas que se auditan voluntariamente tienen un resultado positivo de 52.685 euros anuales, muy superior a los 18.388 de las que no se auditan. Una diferencia que se ha incrementado en los últimos años de estudio. Así, por ejemplo, entre 2016 y 2019, los resultados de las empresas auditadas han crecido acumuladamente un 29 por ciento, de 59.946 a 77.144 euros, en tanto que las no auditadas el crecimiento se limitó al 19 por ciento: de 24.576 a 29.362 euros.
Esas diferencias también se reflejan en el EBITDA, que en el caso de las empresas de Castilla y León auditadas arroja una media de las medianas de 218.970 euros en el caso de las auditadas voluntariamente frente a los 66.942 euros de las no auditadas.
"La auditoría externa representa una ventaja competitiva, puesto que las empresas auditadas transmiten una confianza sobre su información contable y financiera, lo que afecta de modo relevante a terceros y facilita el acceso a nuevos mercados y actividades, mejora las condiciones a la hora de optar a financiación y en las licitaciones", destaca Cabrejas en un comunicado recogido por Ical.
En el apartado de endeudamiento, medido como el porcentaje de deuda sobre los recursos propios, las empresas que se auditan voluntariamente arrojan mejores datos que las que no se auditan. Si se toma como referencia 2019, último año de análisis, las empresas que se auditan voluntariamente tienen un índice de deuda del 42,28 por ciento, de media, frente al 51,72 por ciento de las que no se auditan, casi 9,44 puntos de diferencia.
La Agrupación de Castilla y León del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España pone de relieve en que ha experimentado un notable crecimiento el número de empresas que facturan más de 500.000 euros y se auditan voluntariamente, si bien todavía son una clara minoría: el 2,36 por ciento del total en 2019; si bien se partía de una cifra de apenas el 1,4 por ciento al inicio del estudio. Aunque se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional (2,94 por ciento), Castilla y León arroja mejores índices que Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Aunque lejos de las ratios de Asturias, Madrid o País Vasco, que lideran esta clasificación.
La evolución de las auditorías va aparejada a una mayor especialización de los auditores, tanto a niveles de sectores de actividad como de los propios procesos involucrados en una auditoría: fiscal, legal, valoraciones, sistemas de información. "De este modo, la empresa auditada tiene acceso al conocimiento y a la experiencia de un profesional especializado y conocedor de las mejores prácticas del mercado en el que desarrolla su actividad", concluye Cabrejas.