El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha incoado diligencias contra dos agentes de la Policía Nacional que en septiembre de 2017 detuvieron en su domicilio a un vecino del barrio de Huerta del Rey, Óscar T, por si los funcionarios se hubieran extralimitado en sus funciones incurriendo en posibles delitos de allanamiento de morada, lesiones y apropiación indebida del teléfono móvil del detenido, que nunca ha aparecido. Así lo ha ordenado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial a través de un auto, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, en el que el tribunal acuerda decretar la nulidad del auto que el Juzgado de Instrucción número 6 dictó el 29 de junio de 2018 que abría procedimiento abreviado exclusivamente contra Óscar T. por posible delito de atentado o resistencia a agentes de la autoridad, sin incluir entonces la denuncia que el vecino había interpuesto también contra ambos policías.
La resolución de la Audiencia de Valladolid estima así el recurso de apelación interpuesto por el inquilino de un piso sito en la calle Sementera -reconoce la indefensión sufrida por éste- para que las denuncias de los agentes y la suya propia sean instruidas en un mismo procedimiento, algo que la instructora no acordó en su momento puesto que la dirigida contra los funcionarios había resuelto sobreseerla el día 20 de febrero del presente año. "Debemos declarar como declaramos la nulidad de todo lo actuado para que la instrucción se desarrolle por todos los hechos que han sido objeto de denuncia en esta causa", advierte la Sección Cuarta de lo Penal en su estimación del recurso del letrado de Óscar T., de forma que la juez instructora tomará declaración a los dos agentes de la Policía Nacional denunciados en calidad de investigados el día 17 de septiembre por la comisión de presuntos delitos de allanamiento de morada, lesiones, infidelidad en la custodia de documentos y apropiación indebida.
Los hechos se remontan precisamente al 17 de septiembre pero de 2017 cuando una pareja de agentes de la Policía Nacional se personó en el domicilio de Óscar T., a raíz de una denuncia presentada por una vecina contra su esposa por una cuestión banal que a la postre concluyó en sentencia absolutoria. Los funcionarios sostienen que el vecino reaccionó de forma violenta con insultos y amenazas, lo que se tradujo en un forcejeo que concluyó dentro del propio piso de Óscar T., si bien éste mantiene que la refriega se inició cuando sacó su teléfono móvil y advirtió a los policías de que les estaba grabando, ante lo que uno de ellos, presuntamente, le pegó un porrazo en la mano izquierda y el aparato salió disparado. Acto seguido, siempre según la versión del denunciante, los agentes cerraron la puerta de su casa y le llevaron hasta un sofá, donde le golpearon, apoderándose al mismo tiempo del teléfono móvil. Le subieron a un coche patrulla y le trasladaron a dependencias policiales, con escala previa en el Hospital Río Hortega para ser atendido de las lesiones sufridas.
EL RASTRO SE PIERDE EN LA CALLE GERONA
Lo llamativo del caso es la versión contrapuesta entre los agentes y el detenido respecto del teléfono móvil de éste, ya que los primeros niegan habérselo incautado y el propietario del celular sostiene que se lo llevaron los primeros para que no quedaran pruebas de cómo entraron en su casa. Es por ello que su letrado pidió a la juez que remitiera oficio a la operadora France Telecom (Orange) para rastrear el posicionamiento del móvil el día de los hechos, prueba practicada y que determina que dicho terminal salió del domicilio del investigado en el momento de su detención y cuya geolocalización le sitúa como último escenario, antes de perderse su pista, en las inmediaciones de la Comisaría de Delicias, en la calle Gerona. "Se deduce, sin ningún género de dudas, que el investigado dijo la verdad y que su teléfono móvil le fue incautado por los agentes que procedieron a su detención, sin entregarlo en la Comisaría (como así manifestaron) y sin proceder a su devolución a su legítimo propietario", sostiene la defensa del denunciante, quien recuerda que antes de entrar en calabozos le fueron requisados a su patrocinado los efectos que portaba y entre ellos no figuraba el polémico terminal.
Todas estas circunstancias, sobre todo porque la Audiencia Provincial estima que los hechos, los que denuncian los agentes y los del detenido, son "conexos" y "su enjuiciamiento por separado rompería la continencia de la causa", han llevado al tribunal a ordenar a la instructora la práctica de nuevas diligencias para que el procedimiento se realice de forma conjunta, lo que supone un giro en el caso con la toma de declaración como investigados, en septiembre, de los dos funcionarios que participaron en la detención.