Con apenas un año por delante para impulsar los principales proyectos de su departamento, Catalá aclara algunas de las incertidumbres sobre la Administración de la Justicia en Castilla y León: no habrá supresión de partidos judiciales porque hacerlo genera más problemas que ventajas; las sedes del TSJ se quedan donde están y la Ciudad de la Justicia de Valladolid sigue en marcha..
Sólo le queda un año y mucho trabajo por culminar
Es tiempo más que suficiente para abordar proyectos de reforma importantes. Lo que estamos haciendo en esta etapa inicial es mantener reuniones con todos los colectivos para identificar el estado actual de situación y hacer propuestas. Queda un año de legislatura pero no pretendemos finalizar todos los proyectos si no poner en marcha algunos.
¿Qué ocurre con la Ciudad de la Justicia de Valladolid?
Este proyecto sigue, aunque con las limitaciones presupuestarias propias de unas cuentas públicas austeras y de consolidación del gasto. En todo caso estimamos que vamos a tener esa Ciudad de la Justicia de más de 13.000 metros cuadrados con presupuesto estimado en torno a 37 millones. Hemos presentado una enmienda a los Presupuestos de 2015 para poder trabajar en él y abordar las obras en el momento que tengamos presupuesto suficiente.
¿Y la Ley de Demarcación? El Gobierno anunció hace casi dos años una modificación de esta ley que contemplaba la eliminación de numerosos partidos judiciales. ¿Se ha aparcado por completo?
En el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aparecían muchas cuestiones como modificar el modelo territorial de la Justicia, superando el modelo tradicional del partido judicial y llevándolo a una demarcación provincial. En este momento consideramos que genera más dificultades y problemas que ventajas y por eso vamos a excluir esas cuestiones de la reforma de la Ley Orgánica porque sabemos que habían generado mucha inquietud en muchas comunidades y en particular en Castilla y León.
¿La sede del TSJ de Castilla y León seguirá en Burgos o se abrirán nuevas salas en Valladolid?
En este momento no tenemos ningún proyecto para reformar la estructura de la Justicia en Castilla y León, por lo tanto las sedes están donde están y las salas también. Nosotros permanentemente revisamos las cargas de trabajo, la creación de alguna sección adicional osala descentralizada si fuese el caso, pero ahora las estadísticas judiciales no indican que se requieran nuevas salas en Valladolid.
La mayoría de los juzgados de lo Social y lo Contencioso de Castilla y León están prácticamente colapsados. ¿Está prevista la creación de nuevos juzgados?
Acabamos de crear 282 nuevas plazas y buena parte de ellas asociadas con órganos colegiados con las Salas de lo Civil o Social en distintas provincias, y en Castilla y León se han asignado varias plazas. Hemos atendido las prioridades, las que tienen una mayor sobrecarga. El próximo año están previstas 100 nuevas plazas de jueces y fiscales en la oferta de empleo público. Esto es un proceso continuo.
La ley enjuiciamiento criminal se presenta como una de las patas de la regeneración democrática. ¿Qué objetivos busca?
En primer lugar, agilizar nuestro sistema de justicia penal. Vamos a modificar las reglas para que las ‘macrocausas’, que duran años y que los ciudadanos perciben como una justicia lenta y de peor calidad, se instruyan en un tiempo más corto, para que finalicen en meses y no en años como hasta ahora. Básicamente lo que vamos a modificar es la regla de conexidad que significa que cada delito generará una causa propia sin necesidad de conectarlas. En segundo lugar vamos a facilitar que los jueces se puedan dedicar a los asuntos más complejos eliminando de la tramitación judicial, por ejemplo, las faltas sin autor conocido. También vamos a implantar un nuevo sistema procesal, un juicio ágil y sencillo para delitos, por ejemplo, de conducción en estado de embriaguez. Además, vamos a regular las técnicas de investigación, la interceptación de comunicaciones, las grabaciones, una serie de medidas que necesitan los jueces de instrucción.
Precisamente la interceptación de las comunicaciones sin orden judicial, por vía administrativa durante las primeras 24 horas, es uno de los aspectos que más se ha criticado del Anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno.
En la actualidad tenemos una ausencia legislativa absoluta que está provocando en ocasiones que se anulen pruebas muy importantes en el proceso penal. Lo que hemos presentado es una regulación detallada similar a lo que existe en los países como Francia, Alemania o Reino Unido, que regula en el siglo XXI sistemas de grabación, de interceptación, de intervención en ordenadores o sistemas de información; y todo esto siempre con autorización judicial y para delitos especialmente graves, como los de bandas organizadas o terrorismo.
Sí, pero en algunos casos se podrá hacer sin orden judicial
Se ha puesto el foco en una medida singular que es la posibilidad de que en casos de extraordinaria urgencia para delitos especialmente graves y sólo durante 24 horas se pueda acordar alguna medida de interceptación por parte del ministro del Interior. Eso existe ya en nuestra legislación para delitos de terrorismo, la única novedad es que lo ampliamos algunos más que afecten a menores, tramas organizadas y otros especialmente graves.
La reforma del Código Penal es otro proyecto que pretenden concluir esta legislatura, pero lleva meses estancado en el Congreso.
El Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, ha pretendido abordar algunas reformas desde la voluntad de consenso. Llegados a esta altura de la legislatura y ante la constatación de que ese acuerdo no es posible, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han hecho un ejercicio de responsabilidad para su aprobación. En este momento nos encontramos debatiendo en la ponencia de la Comisión de Justicia las casi 900 enmiendas del Congreso; eso nos permitirá llevar al Senado el proyecto de código penal en febrero y, por tanto, su aprobación hacia el mes de junio
¿Qué ocurrirá con otra promesa electoral como fue la prisión permanente revisable?
En el proyecto de ley que hemos presentado está la institución de la prisión permanente revisable y nuestra voluntad es mantenerla. Vamos a plantear a los grupos parlamentarios la posibilidad de negociar cómo se lleva a cabo la revisión de la pena perpetua. El PP lo llevaba en su programa electoral y creemos que es plenamente compatible con el marco constitucional.
Y qué pasa con la financiación ilegal de los partidos políticos. Ya se ha reformado varias veces la ley, ¿esta es la definitiva?
La nueva ley da una serie de pasos para garantizar la transparencia en las cuentas de los partidos políticos, la seguridad sobre el origen de los fondos y la rendición de cuentas mediante la auditoría y la supervisión anual. Ya no se va a hacer una simple rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas sino que habrá una auditoría periódica, presentación pública de cuentas y prohibición de donaciones por parte de personas jurídicas. En esta materia hemos aprendido todos de las experiencias pasadas.
El CGPJ ha sacado la plaza del juez Pablo Ruz a concurso lo que implica que permanecerá en la Audiencia Nacional hasta marzo con la posibilidad de continuar un tiempo más. ¿Cree que podrá terminar los procesos abiertos?
El juez Ruz ya dictó un auto hace unos días finalizando, y elevando a juicio oral, una de las piezas de instrucción y sigue con el resto. Creo que la decisión del CGPJ está dentro de las reglas normales de provisión de puestos de trabajo de la carrera judicial, máxime cuando lo que hace es garantizar que hasta que se incorpore el nuevo titular el juez Ruz seguirá desempeñando ese puesto e incluso hipotéticamente podrá quedar adscrito al juzgado si las circunstancias lo aconsejan. Ruz está haciendo un buen trabajo, complejo y de calidad, y estoy seguro de que tendrá tiempo para poder finalizar la instrucción de los asuntos asignados, que no son sólo Gürtel y Bárcenas.
Tras una semana negra en violencia de género, la mayor parte de las mujeres tenían una valoración policial de «riesgo bajo», es decir, las denuncias no han servido
Tiene toda la razón. Hay al año unos ocho millones de asuntos en los tribunales y acabamos hablando de diez o de quince como si sólo eso fuese la justicia. Me parece que la justicia tiene que abordar con mayor intensidad de lo que se hace ahora los casos de violencia de género porque hoy todavía, finalizando el año 2014, tenemos 50 mujeres asesinadas de manera absolutamente reprobable.
¿Y cómo se hace eso? Porque lo cierto es que el sistema ha fallado en muchas ocasiones.
Es cierto, el sistema ha fallado porque no se ha cumplido el alejamiento, porque en ocasiones hay temas sociológicos muy complejos en los que las propias víctimas perdonan, entre comillas, a su maltratador y consienten la vuelta a la convivencia con funestas consecuencias. Tenemos que aprender de todo lo que está pasando, reforzar la prevención, las medidas educativas, los cauces de denuncia, fortalecer la defensa desde el Código Penal y también un más eficaz funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Llegó tras la renuncia de Gallardón por la paralización de la ley del aborto. Muchos votantes del PP se sienten decepcionados. ¿Habrá reforma de la ley del aborto?
Ya hay una primera reforma en materia de consentimiento de los padres para menores de 16 años. El Consejo de Estado ha dictaminado el proyecto de ley que le remitió el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y por lo tanto espero que en las próximas semanas llegue al Consejo de Ministros. En segundo lugar, hemos anunciado y presentaremos también al Consejo de Ministros en las próximas semanas un Plan de Ayuda a las Familias. Lo que queremos es que cuando una mujer tenga que tomar una decisión tan importante y tan tremenda en su vida como es la de practicar o no un aborto, los aspectos económicos, laborales y sociales no sean un factor determinante.
¿Descarta una nueva ley?
Cuando el presidente del Gobierno anunció la retirada del proyecto de ley del aborto también dijo que íbamos a seguir buscando el acuerdo con los partidos políticos para una reforma de la ley del aborto que se parezca más a la existente antes de 2010. Es decir, que no hemos abandonado el objetivo final de reformar la ley del aborto.
¿Le parece razonable que el Tribunal Constitucional lleve cuatro años para decidir sobre el recurso?
Es verdad que el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia cuando ha tenido grandes asuntos, grandes temas políticos, institucionales o sociales, los tiempos han sido en ocasiones largos. Pero en todo caso me consta que hay nombrado ya ponente, que hay trabajos muy desarrollados y avanzados. Tendremos que esperar a ver cuál es la solución final.
La política del Gobierno respecto a los presos de ETA tampoco tiene contenta a una parte de sus votantes. ¿Qué opinión le merece la puesta en libertad de dos etarras por parte de la Seción Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras reducirles sus condenas por contabilizar los años de prisión en Francia?
Entiendo perfectamente la sorpresa, la crítica y el disgusto de muchos ciudadanos por ver como terroristas condenados a muchos años de cárcel pueden salir a la calle, pero confiamos en que el Tribunal Supremo fije un criterio compartido en los próximos días. Y esperamos que sea más cercano a la interpretación de la Sala Segunda y permita volver a situar en sus justos términos el cumplimiento de las condenas en España.
En la Ley de Tasas, se ha manifestado a favor de una revisión de otro de los proyectos de Gallardón que más críticas ha suscitado
Me he comprometido a revisar el sistema actual porque muchos profesionales critican que las tasas actuales están produciendo que haya personas que no accedan a su derecho a la justicia por motivos económicos. Estamos trabajando con el compromiso de garantizar que eso no suceda nunca, bien porque las cuantías de las tasas se revisen o bien porque la asistencia jurídica gratuita llegue a todos aquellos que lo necesiten. Antes de que acabe la legislatura haremos llevaremos a cabo reformas que garanticen un sistema de tasas equilibrado y que en ningún caso impide o limita el acceso a la justicia.
Sobre el debate catalán, ¿cree que existe alguna singularidad de Cataluña que ahora mismo no esté recogida en la Constitución?
No se puede desconocer la situación en Cataluña. Estamos viviendo una situación de tensión en torno a lo que se ha calificado como el derecho a decidir o el debate sobre la independencia. Creo que si existe en Cataluña un sentimiento en torno a la independencia es en todo caso desde el diálogo donde se puede encontrar la manera de encauzar este planteamiento.