El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2012 una medida para que los propietarios de los inmuebles no registrados por la Dirección General del Catastro tuvieran la oportunidad de regularizar su situación a través del pago de una tasa de 60 euros. Gracias a esta nueva normativa, 3.938 inmuebles pertenecientes a 44 municipios vallisoletanos han sido legalizadas por el catastro después de realizar inspecciones a cerca de 23.000 construcciones de estas localidades desde finales de 2013.
En la mayor parte de los casos, estos municipios llevaban más de 20 años sin realizar esta revisión catastral, lo que supone que el valor medio se ha visto quintuplicado en algunos casos. La primera fase del Plan de Revisión Catastral, que terminó a finales de 2014, deja en la provincia casi 4.000 edificaciones perfectamente documentadas en el Catastro, con el consiguiente aumento del IBI para sus propietarios.
En esta lucha contra el fraude, el Gobierno ha conseguido que estos inmuebles hayan desembolsado durante el año pasado una media de 86 euros más por el IBI, a parte de la cuota de 60 euros obligatoria por realizar los trámites necesarios para la legalización, además de la cuota que ya pagaban con anterioridad a la legalización.
Asimismo, los propietarios también tienen que hacer frente a coste del IBI atrasado desde la fecha en la que acometieron la obra hasta la actualidad. En este caso, el pago que han tenido que hacer asciende a 224 euros por inmueble de media. Es decir, los dueños han tenido que sufragar los atrasos que no habían pago en concepto de IBI desde que acometieron los trabajos.
Este plan del Gobierno pretende sacar a la luz aquellas construcciones nuevas, rehabilitaciones y reformas que se han acometido en estos municipios y no se habían comunicado ni a los ayuntamientos ni al propio Catastro, aunque esto no quiere decir que sean ilegales. El programa empezó casi a finales de 2013 en los municipios de Cervillego de la Cruz, Cubillas de Santa Marta, Medina de Rioseco, Pollos, Pozal de Gallinas, Rueda y Tordesillas. Se prolongará hasta 2016.
En el 26 por ciento de los casos, las construcciones ‘alegales’ detectadas eran nuevas, sin que se hubiera dado conocimiento de ellos por parte de ninguna administración, en otro 25 por ciento se trata de rehabilitaciones y ampliaciones de los inmuebles. En el 48 por ciento son cambios de uso y reformas en general que se han hecho por parte del propietario. Llama la atención que el dos por ciento restante se debe a la construcción de piscinas en viviendas, algo para lo que también hay que pedir los permisos y licencias pertinentes.
Estos inmuebles, por ejemplo un chalet construido en una parcela urbana y no declarado en el catastro inmobiliario, disfrutan de los mismos servicios públicos de las entidades locales que el resto de sus vecinos (servicios sociales, alumbrado, saneamiento, recogida de basuras,…) Por eso, la actuación culmina con la asignación de un valor catastral al bien inmueble aflorado y una fecha de efectos de dicho valor, información que se incorpora al padrón inmobiliario del municipio y sirve para la correspondiente gestión tributaria de los ayuntamientos respeto de las obligaciones por Impuesto de Bienes Inmuebles de ejercicios futuros y pasados no prescritos.
Sin multas.
Debe resaltarse que el hecho de que una construcción o reforma que no haya sido declarada ante el Catastro no implica que sea ilegal o legal. Por ello, el plan de regularización catastral no multa las obras ilegales. Únicamente se ha establecido una tasa de 60 euros por inmueble objeto de regularización que debe abonar su titular y que tiene por objeto financiar el desarrollo del propio plan. Es decir, es un plan que se autofinancia.