Un farragoso proceso administrativo de cambios de propiedad en la Finca Zambrana, con expropiaciones y reversiones de por medio, culminó hace casi dos meses en una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid que condena al Ayuntamiento a pagar 20 millones de euros a los herederos de los terrenos.  Este suelo se expropió hace 70 años por el Estado para construir un ‘reformatorio’. El resto de la finca pasó después a manos de la Junta, que lo devolvió a la familia J. Puentes en 2007, la cual decidió solicitar al Consistorio que cambiara su uso en el PGOU de dotacional a residencial. Esta petición no fue atendida, y la familia decidió entonces solicitar una ‘expropiación forzosa’, con una nueva valoración de los terrenos, que es la que ahora recoge esta sentencia. Los Puentes, paralelamente, mantienen abierto otro litigio donde solicitan que la tasación de estos suelos se incremente hasta los 96 millones de euros.

Este fallo está recurrido por los servicios jurídicos del Consistorio, pero el terremoto político que se generó tras conocer el contenido de la sentencia motivó que se constituyera en el Ayuntamiento la primera Comisión de Investigación en las casi dos décadas de León de la Riva en la Alcaldía. Una Comisión, solicitada por el PSOE, encargada de «revisar las actuaciones municipales», tal como se comprometía el alcalde en la moción que llevó al Pleno para su constitución. Además, León de la Riva decidió entregar la presidencia de la misma a Óscar Puente, presidente del Grupo Municipal Socialista, para que junto a otros tres concejales del PP y otro de IU clarifiquen por qué el Ayuntamiento «no hizo nada» para evitar afrontar esta indemnización millonaria.

Los miembros de la comisión ya han tenido la oportunidad de escuchar, la semana pasada la versión del propio alcalde, de la concejala de Urbanismo y del anterior responsable de esta concejalía, y actual edil de Seguridad y Movilidad. Eso sí, casi nada ha transcendido de su declaración y tampoco hay constancia gráfica de ese momento por el hermetismo que se ha impuesto. Por la sala municipal también han pasado tres herederos, en representación de la familia Puentes, y varios técnicos municipales. Este miércoles se reanudarán las comparecencias de funcionarios municipales relacionados con la tramitación de este expediente urbanístico.

La Comisión

El cariz ‘reservado’ que se ha dado a la Comisión de Investigación sobre los terrenos del Zambrana no ha permitido que, de momento, se conozcan muchos detalles de este proceso. Eso sí, su presidente, el socialista Óscar Puente, avanza que los documentos y las comparecencias que se manejan «no arrojan grandes sorpresas», pero servirán para depurar responsabilidades. «El PP intentará defenderse aunque lo tiene muy complicado», reitera Puente, que garantiza que cuando concluyan los trabajos se conocerá toda la documentación. Una exigencia de transparencia que IU ha plantado desde el inicio de los trabajos, ya que defiende que el «principal sentido» de esta comisión de investigación es el de «sacar a la luz los hechos que han llevado a que le sean reclamados al Ayuntamiento 20 millones de euros por sentencia judicial».

Entre las preguntas que se han planteado a los responsables municipales que han pasado por ella está la de por qué no se modificó el planeamiento municipal en siete años, «algo que contrasta con la celeridad de otras modificaciones del PGOU», señala uno de los miembros de la comisión. En la lista de cuestiones está también la de si el Ayuntamiento «tenía claro las opciones de solución del caso» y aclarar por qué no se contestó a ningún escrito de la propiedad. El alcalde y los responsables de Urbanismo también han tenido que contestar por qué no se recurrió el aprecio que realizó la Comisión Territorial de Valoración y sí se recurrió en el caso de un suelo colindante, propiedad de una promotora con la que sí se llegó a un acuerdo. En esa línea, también se deberá valorar el nivel de coordinación entre las distintas áreas municipales implicadas y la Alcaldía, y que según la escasa información que ha transcendido ha quedado «en evidencia».

Otra de los interrogantes planteados en la Comisión, según varios de sus miembros, es por qué no se negoció con los herederos. Una denuncia que la familia reitera, pese a que ellos defienden que siempre han tenido intención de «colaborar». Los herederos de J. Puentes critican que se les intente «demonizar» por defender sus intereses legítimos y mantienen que a esta sentencia se ha llegado por «la no actuación de la administración».

La historia

La administración central decidió en 1943 expropiar 40,4 hectáreas, la conocida como finca Zambrana, para construir un reformatorio, el actual colegio Zambrana. En aquel momento, se compensó a los propietarios con 291.730 pesetas. Pero no se utilizó toda la superficie y los terrenos sobrantes se traspasaron en 1984 a la Junta, que en 2007 llegó a un acuerdo de reversión del suelo con la familia Puentes. «En 2001 los herederos pidieron una revisión de la expropiación y en 2007 la Junta resolvió de acuerdo a éstos, que renunciaron expresamente a poner recursos contra la Administración autonómica porque entendieron que la salida les satisfacía enormemente», según confirmaba el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

Ese mismo año la familia solicita al Ayuntamiento la recalificación de la parcela como suelo urbanizable. Así iniciaron una larga serie de reuniones y negociaciones, según confirman los propietarios, pero no se llegó a ningún acuerdo y decidieron recurrir a la Comisión Territorial de Valoración de la Junta que tasó esa superficie en 17 millones de euros, aunque la comunidad de herederos considera que deben recibir 96,2 millones. Unas cantidades que el Consistorio se negó a pagar, factor que motivó esta demanda.

La sentencia

La sentencia obliga al Ayuntamiento a expropiar de nuevo esos terrenos y abonar, de momento, casi 20 millones a los actuales propietarios. Curiosamente el fallo llega cuando Urbanismo ya había puesto en marcha el proceso de cambio de uso de este suelo dotacional, que fijaba el PGOU de 1984 y que luego fue ratificada por el de 1996. Una actuación que «llega muy tarde» para la familia y que «deberían haber hecho mucho antes para haber evitado esta situación», argumentan las mismas fuentes familiares.

Pero, ¿de dónde saldrá el dinero para afrontar esta indemnización? El alcalde anunció que, obviamente, «saldría de las arcas municipales», aunque matizó que con el cambio de uso a residencial en unos años se podría recuperar ese dinero.