El Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León propone blindar por ley la convocatoria obligatoria, “en todo caso” antes del 31 de diciembre de 2019, de la carrera profesional para todos los empleados públicos. También matiza los requisitos económicos para poner en marcha esta iniciativa y propone que solo vean la luz en los siguientes años si no decrecen los ingresos de la Comunidad, como informa Ical.
El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, y el parlamentario Salvador Cruz comparecieron hoy para presentar las enmiendas a la Proposición de Ley de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de Castilla y León, que se tramita por vía de urgencia y que tiene pendiente el debate de la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista, así como las parciales del resto de fuerzas políticas.
En ese sentido, De la Hoz explicó que los 'populares' han presentado seis enmiendas para modificar el “tan traído” y “manoseado” artículo siete del texto inicial planteado por el PP en noviembre, que modifica el criterio de voluntariedad por la obligación de convocar antes del 31 de diciembre de este año la carrera profesional. Para ello, deberá aprobarse la ley, plantearse el desarrollo reglamentario, pactado con los sindicatos, así como lanzar el proceso y luego resolverlo.
El portavoz 'popular' reconoció que 2019 es un año electoral, pero indicó que esta medida no es un “anuncio electoral”, puesto que se recoge el compromiso en una ley. En su primera propuesta, el PP proponía lanzar la carrera electoral no mas tarde de 2020 con un coste de 75 millones de euros, que ahora se modifica. Además, el PP recorta a seis meses el plazo de desarrollo reglamentario para que pueda ponerse en marcha antes de que acabe el ejercicio.
También se reforman los criterios económicos, para con “responsabilidad” según De la Hoz, establecer que se podrá convocar si no se produce una alteración sustancial de las circunstancias económicas que afecten a los ingresos de la Comunidad, lo que se traduce para el portavoz 'popular' en que las siguientes convocatorias, no la primera, podrían dejarse en suspenso si los ingresos decrecen. No obstante, destacó que las retribuciones reconocidos se abonarían en todo caso.
Otra de los cambios se refiere a facilitar a los docentes que opten por esta vía, frente a los sexenios, que no pierdan sus derechos sino cumplen los requisitos para acceder a la carrera profesional. También se recoge que los que cambien de puesto a través de la promoción interna no vean en peligro sus logros por la convocatoria de la carrera profesional. Además, se plantea una definición de los veterinarios, se incorporan como sanitarios los cuerpos de farmacéuticos y veterinarios.
Raúl de la Hoz argumentó que estos cambios surgen del diálogo y de la “responsabilidad” y el “rigor”, así como del “realismo” de quien aspira a seguir gobernando a partir de mayo. Por el contrario, criticó la posición del PSOE y sus “juegos florales” para evitar que esta ley se apruebe, algo propio a su juicio de quien “nunca” va a llegar a la Junta.
Retrasar la tramitación
El dirigente 'popular' criticó la actuación del Grupo Socialista por presentar agrupadas las enmiendas parciales, en forma de una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley, ya tomada en consideración. Recriminó que hayan copiado las propuestas sindicales, que tendrían un impacto anual de 300 millones y a partir de 2020, como reconocen en su exposición de motivos, según Raúl de la Hoz y sentenció que es “inviable”.
Aseguró que se trata de una maniobra para retrasar la tramitación de esta iniciativa, anunciada en noviembre del pasado año por el presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, si bien recordó que la Junta de Portavoces acordó acortar los plazos a la mitad. También tendrán que debatirse las enmiendas parciales, de los socialistas, Podemos y el Grupo Mixto (IU-Equo), que para el portavoz del Grupo Popular son similares.
De la Hoz denunció que el PSOE trata de “congraciarse” con los sindicatos, tras presentar una proposición de ley que respondía a su juicio a los intereses solo de un sindicato y 1.000 empleados públicos. Así criticó que se rechace la proposición legislativa del PP que propone extender la carrera a los 85.000 funcionarios de la administración autonómica.
También expuso que han presentado diferentes iniciativas a la proposición de la oposición, sobre la modificación de la Ley de Salud Pública para reconocer el desarrollo profesional de otros cuerpos sanitarios, la carrera profesional de los veterinarios, la posibilidad de acceder mediante concurso-oposición a determinadas escalas y cuerpos y la adaptación de algunas cuestiones a la ley 'popular'.