Una medida que puede calificarse de recaudatoria por parte del Gobierno, pero que tendrá una enorme importancia para los vecinos de la provincia que tienen propiedades inmuebles sin registrar en la Dirección General del Catastro. El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha en 32 municipios de la provincia la conocida como ‘amnistía catrastral’ que permite y obliga a los vecinos a legalizar todo tipo de inmuebles a cambio del pago de 60 euros.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado lunes, 10 de marzo, la resolución de la Dirección General del Catastro donde se comunica que las localidades adheridas a la ‘amnistía catastral’ son Amusquillo, Ataquines, Becilla de Valderaduey, Berceruelo, Castrejón de Trabancos, Ciguñuela, Cogeces de Íscar, Fuensaldaña, Herrín de Campos, Hornillos de Eresma, Lomoviejo, Matapozuelos, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Monasterio de Vega, Moral de la Reina, Moraleja de las Panaderas, Morales de Campos, La Mudarra, Muriel de Zapardiel, Pozuelo de la Orden, Quintanilla del Molar, Ramiro, Rubí de Bracamonte, Salvador de Zapardiel, San Cebrián de Mazote, Santervás de Campos, San Vicente del Palacio, Torrecilla de la Orden, Torrecilla de la Torre, Ventosa de la Cuesta, Viana de Cega, Villafrades de Campos, Villalba de la Loma, Villalbarba, Villalón de Campos, Villanubla, La Zarza y Valdestillas.
Y es que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en diciembre de 2012 una medida que permite a los propietarios de inmuebles con características que no están recogidas en el catastro a regularizar su situación a través del pago de una tasa de 60 euros y de los impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles e intereses de demora que se hayan dejado de abonar.
Es decir, que casos con muchas viviendas en una situación alegal podrán legalizar e inscribir sus viviendas con un coste de 60 euros más el pago de los impuestos atrasados. Una medida que puede levantar suspicacias entre aquellos vecinos que entiendan que la legalización de las viviendas puede salir demasiado económica en comparación con aquellas personas que han pagado con anterioridad todas las tasas e impuestos.
Y es que esta legalización no solo van encaminada hacia las casas de planta, sino que las obras de mejoras y rehabilitaciones de los inmuebles. Aquellos vecinos de estas 32 localidades que no paguen esta cuantía de 60 euros se enfrentan a sanciones que pueden llegar hasta los 6.000 euros.
No serán los vecinos los que tengan la opción de pagar o no, sino que será la Dirección General del Catastro la que se ponga en contacto con las personas que tengan este tipo de inmuebles para que paguen la nueva tasa.
La determinación de los municipios afectados y el período de regularización se establece mediante resolución de la Dirección General del Catastro publicada en el BOE y la iniciación del procedimiento, que es de oficio, se comunica a los interesados para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
Además, este plan se extenderá en el tiempo durante y el Gobierno irá publicando de forma periódica nuevas localidades donde se podrán en marcha la ‘amnistía fiscal’, ya que se trata de un plan entre los años 2013 y 2014.