La Fiscalía de Valladolid ha reiterado su negativa a modificar la fecha del juicio por delito de desobediencia contra el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, previsto para el próximo 27 de abril de 2015, tras insistir en que el señalamiento «no puede supeditarse a la identidad del acusado ni a las opiniones de los partidos políticos o grupos sociales en relación a dicha cuestión».

De forma categórica, el departamento que dirige Esther Pérez Jerez deja bien claro que «el fiscal se opone» y en su escrito pide la desestimación del recurso del alcalde contra el decreto del secretario judicial, que rechazó la inicial petición de cambio de fecha, por entender que el mismo no infringe los preceptos procesales -el recurrente alega que no se tiene en cuenta cualquier circunstancia modificativa- y tampoco vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Pero además, recuerda que el abogado del regidor fundamentaba la modificación de fechas, bien el adelanto o el retraso del juicio, en la necesidad de no incidir en las elecciones municipales de mayo donde León de la Riva pudiera optar nuevamente a la reelección, algo que la acusación pública sitúa en el mero plano de la «hipótesis», ya que el PP aún no se ha pronunciado al respecto de quién será el candidato en 2015.

En cualquier caso, con carácter subsidiario al mantenimiento de la fecha, la Fiscalía se mostraría más partidaria de posponerla puesto que «lo que no procedería es alterar el calendario del juzgado para, a solicitud de parte, adelantar el juicio, pues el plazo de espera debe afectar a todos los ciudadanos por igual, en cuanto a todos ellos debe aplicarse la Ley en igualdad de condiciones».

El alcalde deberá responder de un presunto delito de desobediencia relacionado con los retrasos de las obras en el proceso de legalización del antiguo edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, donde reside el munícipe.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública tipifica los hechos como un delito de desobediencia e interesa por ello un año y tres meses de inhabilitación para el cargo de alcalde u otros análogos, una multa de 3.600 euros y el pago de las costas. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, personada en la causa como acusación particular, eleva su petición hasta los dos años de inhabilitación, así como el pago de 90.000 euros de multa.