Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, presentó el pasado viernes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ante la modificación legal que obliga a la compañía a desembolsar 15 millones de euros anuales por el nuevo impuesto regional que grava la afección medioambiental provocado por el combustible nuclear gastado y depositado en Santa María de Garoña, según recoge en su edición de hoy Diario de Burgos.

El rotativo no ha tenido acceso a los argumentos de la empresa, aunque todo apunta a que podría plantear una duplicidad de impuestos, dado que ya existe un impuesto estatal que obliga a pagar por la producción de combustible nuclear irradiado, además de que Nuclenor ha abonado una tasa para el futuro desmantelamiento de la planta, que le ha supuesto el desembolso de 143 millones de euros entre 2005 y 2012. Otro posible argumento pasa por que los impuestos deben gravar un negocio o un acto, mientras que aquí se grava un riesgo de alteración medioambiental generado por el combustible nuclear gastado.

Mientras avanza el proceso legal, Nuclenor ha dado cumplimiento a sus obligaciones fiscales con la Junta, y el año pasado abonó los 1,6 millones de euros correspondientes a los últimos 41 días del año, mientras que ahora ha abonado los 3,75 millones de euros correspondientes al primer trimestre del año, según confirmaron a Diario de Burgos fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.