Todos los grupos de la oposición registraron hoy enmiendas a la totalidad y la petición de devolución del proyecto de ley del Diálogo Civil de Castilla y León a la Junta por entender que “no aporta nada” a lo ahora existente, que es “puro posturero” para presumir de participación ante la próxima campaña electoral y que la regulación que hace de las consultas populares no referendarias “resulta excesivo” al ser una encuesta vía internet.
Con estos argumentos los grupos Mixto (IU), Ciudadanos, Podemos y Socialista presentaron hoy, día en que terminaba el plazo -la Mesa rechazó en su última reunión la prórroga pedida por el PSOE- las enmiendas a la totalidad, que, una vez calificadas, se deberán debatir en próximos plenos de la Cámara. El proyecto de ley, enviado por la Junta el 6 se septiembre, retrasa así su tramitación, cuando restan seis sesiones para cerrar la legislatura parlamentaria. A ellas se unen 243 parciales, 70 de IU, 19 de Cs, 76 del PSOE, 73 de Podemos y 3 de UPL.
La enmienda del Grupo Socialista entiende que se produce una regulación “innecesariamente prolija” de procedimientos de participación sin haber repuesto los “recortados” y califica de “excesivo” que se regule por ley la consulta popular, que al final se presenta como una “encuesta por internet”.
Podemos amplía los procesos de diálogo civil a todas las organizaciones sociales, al entender que aunque no formen parte de los órganos de consulta y participación contemplados en las diferentes consejerías, algunas organizaciones pueden tener razones para poder participar. También crea un proceso de “auténtica consulta popular no referendaria”.
Igualmente, Ciudadanos alega la ausencia de un “verdadero valor añadido”, que “redunda” en sistemas ya prescritos por la legalidad autonómica y que establece un “nulo intento de aportación novedosa en el proceso democrático”.
En rueda de prensa, José Sarrión (IU-Equo) presentó el contenido de su enmienda a la totalidad y de las 70 parciales, que calificó de un “verdadero texto alternativo”. “Es puro postureo” y la participación de la sociedad es “insuficiente” y no determinante, calificó el procurador.