El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, advirtió hoy a la Junta de que “no se puede poner ni un euro más” de apoyos para Azucarera, para aquellos que “se quieren marchar” de la Comunidad, y abogó porque si quiere ayudar más al sector remolachero lo haga con Acor, que “es el que se quiere quedar”.

Donaciano Dujo trasladará su postura sobre la decisión “unilateral” de Azucarera de reducir de 42 a 36 euros el precio que perciben los cultivadores durante una reunión del Consejo Regional Agrario, que, como anunció, convocó la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, para el próximo día 26 de diciembre.

El responsable de Asaja recordó, en declaraciones recogidas por Ical, que la rebaja de Azucarera a 36 euros por tonelada de remolacha “no deja margen de beneficios” para el cultivador, que “no puede sembrar raíz a ese precio”. Al respecto, comentó que el agricultor tiene dos opciones, o sigue sembrando remolacha para Acor, que paga a 42 euros; y cambiar de cultivo.

Dujo expuso también que pese a la situación generada, Asaja seguirá defendiendo y “peleará” para que el próximo marco de apoyo comunitario incluya las ayudas de diez euros por tonelada que en la actualidad perciben los agricultores vía PAC y PDR.

El líder agrario, que ofreció una rueda de prensa de balance del año agrario y ganadero 2018, cargó contra la “nota discordante” del ejercicio, que constituyó el anuncio de Azucarera de reducir “unilateralmente” el precio de la remolacha en seis euros.

En este sentido, el secretario general de Asaja en la Comunidad, José Antonio Turrado, explicó la reunión que mantuvieron junto a COAG y UPA ayer en el ministerio con el secretario general de Agricultura, que se comprometió a estudiar jurídicamente la ruptura de Azucarera del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) para trasladar a las organizaciones profesionales agrarias sus posibilidades de recurrir la decisión de la multinacional vía laudo o en los tribunales.

Turrado indicó que el ministerio les dará una “recomendación” y luego ellos decidirán, aunque acudirán a los tribunales si tienen alguna posibilidad de ganar. Los principales escollos, dijo, están en las posibilidades de éxito, los costes y la inmediatez, porque un laudo o un recurso llevarán un largo periodo de tiempo, y los cultivadores necesitan respuestas ya, antes de que inicien las siembras en febrero.

“Si no hay una respuesta pronto no servirá para nada y nos tememos que no la va a haber”, dijo, para destacar que si finalmente se deciden a litigar con la empresas, lo harán las tres organizaciones profesionales del AMI de la mano. “No creo que exista ningún problema para que nos pongamos de acuerdo”, resumió.