La Fiscalía Provincial de Valladolid anunció hoy que mantendrá la solicitud de condena que suma nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación especial para ejercer como concejal para el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva, por las tres cartas de conformidad (‘comfort letter’) que firmó en 2008, 2010 y 2011 con avales para el soterramiento del ferrocarril, que comprometían al Ayuntamiento de la capital a aportar 100 millones. El exregidor está acusado de tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental.

A falta de conocer mañana los detalles de las conclusiones finales, durante el último día del juicio que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Valladolid, la fiscal Ana Valle apuntó antes de la conclusión de la vista de hoy que mantiene las peticiones de condena para el exalcalde y para el exconcejal ‘popular’ Manuel Sánchez y el actual edil del PP en el Consistorio Alfredo Blanco, con una pena de 24 años de inhabilitación especial para ese cargo en cada caso.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, personado como acusación particular, también mantiene su condena con una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa para De la Riva así como siete de inhabilitación para Blanco y Sánchez por delito de prevaricación pasiva o por omisión.

El escrito del Ministerio Fiscal, presentado en septiembre pasado en el Juzgado de Instrucción Número 4, sostiene que el Ayuntamiento de Valladolid, debido a su nivel de endeudamiento, no tenía capacidad financiera para concertar en 2011 lo que era un aval por importe de 100 millones de euros, y argumenta que se saltó los preceptos legales en su tramitación.

Una idea en la que coincidió hoy durante el juicio el actual interventor del Ayuntamiento de Valladolid, Rafael Salgado, que se ratificó en el informe redactado en su momento sobre las cartas de conformidad que firmó el exalcalde León de la Riva. No en vano, aseguró que las tres ‘confort letter’ tenían un "carácter fuerte" con consideración de aval, algo que luego ratificó el propio Consejo de Cuentas.

Subrayó que esta consideración, motivada principalmente por la elevada cuantía del aval, requería un informe jurídico para calificar la operación, otro del área de Intervención y una tramitación para su autorización o prohibición por el Pleno Municipal, al ser el órgano competente final de la administración municipal. También recordó que, por el destacado importe, debía haberse comunicado a la Central de Riesgos del Ministerio de Hacienda.

Sin perjuicio económico. Salgado fue uno de los cuatro testigos que pasaron hoy por la sede de la Audiencia Provincial, además del actual alcalde de Valladolid Óscar Puente quien reconoció que el Consistorio no ha tenido que “responder” de ninguna cantidad económica, derivada de la firma de las tres ‘comfort letter’ de su antecesor. Eso sí, precisó que la existencia de esos documentos condicionó la negociación del nuevo convenio sobre el soterramiento del ferrocarril, sin olvidar “dos años de trabajo” del nuevo equipo de Gobierno municipal.

Puente explicó, según recogió la Agencia Ical, que la venta de las primeras parcelas vinculadas a la operación, que son propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), servirá para pagar al Ministerio de Fomento los 400 millones de euros –de los que 100 corresponden al Ayuntamiento- de préstamo que liquidó con los bancos y saldar la deuda contraída por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

“El Ministerio pone los 400 millones pero eso no saldrá gratis a la ciudad porque quien paga pone condiciones y de ahí que recuperará con absoluta prioridad ese dinero con la venta de los terrenos de los antiguos talleres de Renfe”, añadió. No en vano, recordó que, fruto del nuevo convenio con la cancelación de la deuda, ha habido un "cambio de destino" por la venta de ese suelo.

El alcalde de la capital recordó que, tras llegar al Consistorio y tener conocimiento por parte de la SVAV a finales de 2015 de la existencia de una ‘comfort letter’, pidió actuar en vía administrativa y penal con el objetivo de “proteger el erario público municipal”. De ahí que, primero, se declarara la nulidad de esos documentos en Pleno y, después, la apertura de la vía judicial, en concreto administrativa y penal.

En todo caso, expuso que no encontraron ninguna copia de estas cartas en los archivos municipales ni el  interventor ni el secretario las conocían. Y es que las ‘comfort letter’ no llegaron a pasar por el Pleno aunque Puente señaló que la Junta, “que estaba en la misma posición que el Ayuntamiento” al ser socio minoritario en la sociedad Alta Velocidad, validó esos documentos en Consejo de Gobierno.

Otro de los testigos que fue interrogado hoy fue el interventor del Consistorio hasta 2012 Jesús Velázquez quien, a preguntas de la fiscal, respondió que nunca tuvo conocimiento de la existencia de esas cartas de conformidad, en relación al soterramiento y nadie le consultó sobre ellas. Pese a eso, aseguró que el entonces alcalde León de la Riva “siempre” tuvo en cuenta las recomendaciones que le hizo en otros asuntos. También manifestó que desconocía la situación financiera de la SVAV al ser una sociedad independiente del Ayuntamiento.

El actual secretario del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino, afirmó que la deuda con los bancos por la operación del soterramiento del ferrocarril estaba liquidada aunque “la deuda sigue existiendo”, porque el dinero que abonó el Ministerio de Fomento se recuperará con la venta de suelo.

Merino aseguró que el procedimiento que se debió seguir antes de la firma de las ‘comfort letter’ fue el informe de Intervención, la correspondiente tramitación de la Concejalía de Hacienda y su paso por el Pleno.

La última testigo en la vista de hoy fue la jefa de la Oficina Presupuestaria del Consistorio, Nuria Guerrero, quien señaló que la Concejalía de Hacienda debía conocer el contenido de las cartas de conformidad, aunque la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no dependía del Ayuntamiento. No en vano, señaló que era una información que afectaba a las reglas fiscales a la hora de calcular el nivel de endeudamiento, fijar el techo de gasto y conocer el equilibrio presupuestario. “Si no conocemos esas cartas la información que tenemos no se corresponde con la realidad”, aseveró.