La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del vecino de Rueda Francisco Javier P.A. que había sido acusado de un delito de estafa sobre su abuela, de 93 años, a la que, según sostenía el fiscal, hizo creer que firmaba unos papeles para la venta de una era de su propiedad cuando en realidad él pasaba a convertirse en arrendatario de las tierras que hasta entonces venía cultivando. El fallo absolutorio de la Sección IV de lo Penal, frente a la petición de tres años del fiscal, era esperado después de que en el juicio tanto Francisco Javier P.A. como la nonagenaria y otros tres miembros más de la familia, concretamente la madre y dos hermanas del primero, se acogieran a su derecho de no declarar. Ante ello, el tribunal entiende que "no se ha enervado al presunción de inocencia" del procesado debido a la falta de pruebas sobre su culpabilidad, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Aunque el Ministerio Fiscal formuló protesta en el juicio por la negativa de la sala a reproducir la declaración prestada por el acusado en el juzgado, la sentencia justifica el rechazo de dicha prueba en la jurisprudencia del Constitucional existente sobre casos similares.
La propia abuela del ahora absuelto acordó retirarse a última hora como parte del proceso judicial tras advertir su letrado al tribunal de que no reclamaban ya nada por cuanto la tierra en cuestión les había sido devuelta por el procesado. Los hechos se remontan a 2015 cuando la abuela de Francisco Javier P.A, en cuyo domicilio residía, le comunicó su deseo de vender una finca de casi 19 hectáreas en Rueda, lo que suponía que él ya no podría seguir cultivándola, como venía haciéndolo desde hace doce años. Aunque el procesado propuso a la anciana comprar las tierras, la operación no llegó a cerrarse porque carecía de solvencia, de ahí que finalmente las tierras se anunciaran en prensa a través de una inmobiliaria. Así, se llegó a un acuerdo con una entidad por un precio de más de 161.355 euros, para lo cual la propiedad y los adquirientes concertaron la firma de un contrato privado de arras el día 18 de febrero de 2016.
El tribunal considera probados todos estos hechos, no así, en ausencia de las declaraciones tanto del acusado como del resto de testigos, la tesis de la acusación pública según la cual Francisco Javier P.A, con el fin de obstaculizar la venta y poder seguir así cultivando la tierra, entregó a su abuela unos papeles para su firma con el pretexto de que eran para cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), a lo que ella accedió sin leerlos y confiada en la buena fe de su nieto. La acusación sostiene que lo que en realidad hizo firmar a su abuela era un contrato de arrendamiento de la finca en virtud de la cual el procesado se convertía en arrendatario para un periodo de once años, lo que impedía la venta del terreno. De hecho, la firma del contrato de venta hubo de cancelarse y la operación quedó paralizada, sin que haya podido llevarse a efecto hasta el día de hoy.