El objetivo es que ninguna familia de Castilla y León viva debajo de un puente». Este es una de las premisas clave con las que trabaja la consejería de Fomento que durante los últimos cinco años ha incrementado un 70 por ciento la oferta de hogares para alquiler social en la Comunidad, pasando de las 1.096 que había en 2013 a las más de 1.870 existentes en junio de este año. Una evolución que desde la DirecciónGeneral de Vivienda confían en poder redondear antes de que acabe la legislatura a mediados del próximo año, para cuando esperan haber alcanzando los 2.000 domicilios de alquiler público, lo que supondría duplicar el millar inicial. Unas viviendas que repartidas por toda la autonomía y que están a disposición de familias con dificultades socioeconómicas. Para el Director General de Vivienda, Ángel Marinero, este parque público  es una respuesta «a las necesidades que surgieron durante la crisis, y que quizás antes no eran tan palpables».

En total, la Junta tiene en cartera 1.876 viviendas para alquiler social, de los que elEjecutivo regional maneja directamente 1.413, otras 169 pertenecen a las construidas por la empresa pública Somacyl, otros 194 provienen de los distintos convenios suscritos con ayuntamientos y obispados, y un centenar procedente del acuerdo alcanzando con la Sareb hace dos años, aunque más de la mitad, 55, precisan de reparaciones y reformas porque «estaban en muy mal estado».