La temporada de espectáculos taurinos ha teminado en Valladolid. Este año segurao que se recordará por la belleza de sus encierros, por los miles de aficionados que visitan los pueblos y por la destreza de los caballistas. Pero se ha producido un aspecto que ha pasado mucho más desapercibido, pero que tiene especial relevancia. El número de denuncias recibidas por la Guardia Civil, el Seprona o la Policía Local por infracciones comentidas durante la celebraciones de los espectáculos taurinos ha caído un 63 por ciento en comparación con la tempodada anterior. 

Según los datos que maneja la Delegación Territorial de la Junta, las denuncias impuestas tanto por los ayuntamientos como por particulares fueron 45 frente a las 124 que se registraron en 2017. «Los datos demuestran que se han venido registrando descensos durante los últimos cuatro años», aclaran desde el Ejecutivo regional. 

Aunque siempre hay que lamentar algún caso extremo de brutalidad o imprudencia prácticamente en todas las temporadas, como el ocurrido este verano en Bolaños de Campos, donde la res murió al ser golpeada por un vehículo, la tendencia de los últimos veranos es una reducción en el número de sanciones. Si bien es cierto que hasta final de año todavía se pueden presentar denuncias ante la Guardia Civil por hechos ocurridos en cualquier tipo de espectáculos taurinos, «lo normal es que se pongan nada más que tiene lugar la infracción».

Ahora, la Junta de Castilla y León tiene un plazo de un año para estudiar estas denuncias y decidir si abre o no expedientes sancionadores, por lo que todavía se desconoce cuántas sanciones se registrarán este año. 

En el caso de 2017, de las 145 denuncias, 47 se desestimaron y sí se abrió expediente en 98 casos. En cinco de ellos se tratá de infracciones leves, dos por carecer de medidas de protección de participantes, relativas a la obligación de fijar carteles o pancartas indicativas de la existencia del festejo. 

El resto de expedientes abiertos fueron considerados graves. Fueron de muy diversa índole, tales como la falta de autorización administrativa para la celebración de los espectáculos taurinos populares (en cuatro ocasiones), la crueldad con las reses de lidia que provoque su inmediata muerte o el maltrato a las mismas (5 veces), la carencia o deficiencia del cerramiento, así como la ausencia de las dos líneas físicas de aislamiento, cuando sean preceptivos (una vez). 

Hacer caso omiso de las directrices del director de lídia, del director de campo o personal de organización y colaboradores voluntarios de las funciones que tienen encomendadas (un caso) y la utilización de reses de lidia con peligrosidad en contra del acta de los veterinarios (un caso) fueron otros de los aspectos que fueron denunciados.

vehículos a motor. No obstante, el mayor número de expedientes viene motivado por la utilización de los vehículos a motor dentro del recorrido de los encierros por el campo. Son muchos los ayuntamientos que ya han prohibido que cualquier tipo de vehículo a motor pueda seguir a los caballistas desde que los astados salen desde el inicio del recorrido hasta la entrada del pueblo. Los expedientes abiertos por este motivo druante la temporada de 2017 fueron 79, lo que supone un 80 por ciento del total. 

Las sanciones varían dependiendo de la infracción que se cometa. Según se determina en el actual reglamento de espectáculos taurinos populares de la Junta de Castilla y León, sólo se consideran infracciones muy graves las deficiencias de las condiciones médicos-sanitarias, así como la comisión en el mismo año de tres infracciones graves. En este caso la multas oscilan entre los 24.040 euros y los 60.010.

En el caso de infracciones graves, que son las más habituales, las cuantías oscilan entre los 60 y los 24.040 euros. Así, por el uso de vehículos en encierros la multa asciende a 190 euros; a 250 si no se impide la participación de menores o personas que lo tienen prohibido; a 800 por falta de autorizaciones y a medio millar en el caso de que exista maltrato a las reses.

Desde la Delegación Territorial de la Junta destacaron que el pago medio al que tienen que hacer frente los expedientados es de «unos 200 euros».