El Real Valladolid sale del concurso de acreedores dos años y medio después de solicitar y entrar, de forma voluntaria, en él (30 de diciembre de 2011 fue la fecha de entrada). Esto tras la sentencia dictada el pasado martes por el Juzgado de lo Mercantil que, por un lado, desestimó la demanda interpuesta por el exblanquivioleta Turu Flores (entendía que la propuesta de convenio establecía un trato diferenciado más perjudicial a unos acreedores ordinarios que para otros) y, por otro, declaró la aprobación del convenio propuesto por el propio club vallisoletano.
Desde la sentencia, fechada el 22 de julio (cabe recurso en un plazo de 20 días pero no afectará ya a la aprobación del convenio) y hecha pública ayer, los administradores concursales del Real Valladolid, Ricardo Nieto y Juan Barco, cesan su intervención en la sociedad blanquivioleta. «Así, desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, salvo los deberes de colaboración e información establecidos en el art.42, que subsistirán hasta la conclusión del procedimiento», señala la sentencia en el punto cuarto de los fundamentos jurídicos. Esa eficacia del convenio comenzó el mismo día de la resolución judicial, es decir el martes.
Para que la gente lo entienda: aunque no ha habido un auto judicial en el que se declare al Real Valladolid fuera del concurso de acreedores, este está fuera de él técnicamente, aunque todavía falten un par de formalismos, ambos de la mano de los administradores concursales. Estos son rendir cuentas de su actuación en el plazo de 30 días hábiles y calificar el concurso (exactamente se habla de la sección sexta de calificación de concurso). Estos no se realizarán antes de agosto, por lo que hasta septiembre no se cumplirá con la legalidad al cien por cien.
Con todo, los dos administradores ya no estarán interviniendo al club, es decir, este no deberá pasar por ellos para realizar cualquier operación (fichaje, cesión, compra de material, etc.). Pero el Real Valladolid seguirá ‘fiscalizado’ por una comisión de control, que informa y recaba autorización por importes superiores a 50.000 euros en Segunda. En esa comisión sí estarán Nieto y Barco que, además, tal y como confirma Carlos Suárez, asesorarán al Consejo de Administración para cumplir el convenio.
Este convenio, cuyos pagos sufren un parón de dos años (salvo los que se relatarán a continuación) por aquello del descenso, tiene unas quitas del 70% y del 80% en función de si la deuda es superior a 250.000 euros o inferiores. En el primer caso, los pagos se fraccionan a ocho años con esa quita del 70%. En el segundo, hay un solo pago a todos los acreedores de algo más de un millón (que deberá hacerse frente el 30 de junio de 2015 y que el club tiene en tesorería). Ese es el único desembolso que deberá hacer -además del convenio con Hacienda- en las dos siguientes campañas.
«Ahora toca la parte de cumplir el convenio. Nos toca a nosotros hacer las cosas bien», señaló ayer un satisfecho Carlos Suárez, presidente y máximo accionista del Real Valladolid, nada más conocer la sentencia y la salida del concurso. «Ya hemos puesto orden económico al club», añadió.
Aunque la cifra real aún no se ha hecho público, el Real Valladolid, que entró en el concurso de acreedores con una deuda que rondaba los 73 millones de euros, saldrá de él con unas cifras que van entre los 34 y los 35 (algo más de 29 con la Agencia Tributaria), con un plan de pagos a ocho años (condicionado a dos más por el descenso a Segunda) y con unas quitas que van del 70% al 80%.
«El club es viable», ha repetido por activa y pasiva Carlos Suárez, y así lo ratificaron los administradores concursales durante sus dos años y medio de trabajo para el club.
A punto el acuerdo con Hacienda
El Real Valladolid está ahora a expensas de firmar el convenio singular con la Agencia Tributaria, a la que le adeuda algo más de 29 millones de euros, deuda considerada privilegiada y con la que no puede haber quitas.
Tras varios años de negociaciones, tiras y aflojas, desde Hacienda se propuso un plan de pagos a la entidad blanquivioleta, que esta, en principio, aceptará y espera firmar en breve.
Este plan de pagos, que no tiene demora ni parones a pesar del descenso a Segunda División, llevaría al Real Valladolid a cumplir con la Agencia Tributaria abonando esos algo más de 29 millones en un plazo de ocho años.
Este convenio singular es vital para la subsistencia de la entidad deportiva.