Casi 2.000 dispositivos, cerca de un centenar de espectáculos públicos vigilados, 200 despliegues de protección para autoridades y el control de 300 manifestaciones, son algunas de las cifras que configuran el balance anual de la VII Unidad de Intervención Policial (UIP), un cuerpo desplegado en Valladolid en 1989 cuando el Ministerio del Interior decidió adaptar las viejas Compañías de Reserva General, unidades creadas en toda Europa tras los acontecimientos del mayo del 68, a la evolución de la sociedad española y de su democracia.
Popularmente conocidos como los antidisturbios, su labor va mucho más allá que garantizar el orden público, como reconoce el inspector jefe Luis Miguel Romera, un vallisoletano de adopción que lleva cuatro años al frente del algo más de centenar de agentes que componen este grupo con sede en la comisaría de Parquesol. En total, en España existen once unidades de este tipo repartidas por todo el territorio, más la central, con sede en Madrid.
Aunque la imagen de estos agentes parapetados por las calles en sus cascos, escudos y corazas, inalterables a los insultos y algún que otro escupitajo de manifestantes radicales, o disolviendo con defensas y botes de humo a los violentos, sea la más conocida por la mayor parte de la sociedad, es solo una parte de su labor. Un trabajo que al contrario del que realizan otras unidades policiales que luchan directamente contra los delincuentes o los terroristas, no tiene apenas ningún tipo de reconocimiento social.
La labor preventiva, según reconoce Romera, no tiene la misma repercusión mediática que las operaciones contra el tráfico de drogas o las investigaciones que acaban desmantelando tramas de corrupción. «En nuestro caso, cuando montamos un dispositivo de seguridad para un espectáculo público, para una manifestación o durante la visita de una autoridad, el objetivo es que no se líe. Nuestro éxito es que no pase nada», asevera.
Seguridad nacional. De todas formas, la silenciosa labor de estas unidades es clave en asuntos de seguridad nacional como la lucha contra el terrorismo yihadista, especialmente desde que se declaró el nivel cuatro, ya que desde entonces el número de despliegues preventivos se ha multiplicado.
Aunque sus actuaciones suelen desarrollarse en el territorio de Castilla y León, esta unidad también realiza dispositivos en cualquier punto de España y recientemente ha estado participando en el control de fronteras en la Junquera y en Melilla. Además, entre sus funciones también asignado la intervención en catástrofes, por lo que los agentes destinados en Valladolid participaron en los atentados del 11-M en Madrid (2004) y en el atentado contra la casa cuartel de Burgos (2009), y en destacados eventos deportivos como el dispositivo de seguridad del partido de clasificación para la Eurocopa entre España y Lituania disputado en Salamanca en 2010, el Mundial de Ciclismo de Ponferrada, en 2014 y, más recientemente, en la final de la Copa del Rey de Rugby celebrada en el pasado mes de abril en Valladolid.
Después de unos años duros para estas unidades, cuando la conflictividad laboral provocada por la crisis y el movimiento 15-M dispararon el número de manifestaciones -en Castilla y León se alcanzó en 2012 el récord con 3.124 concentraciones, cifra que se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 2.314 del pasado año-, Romera reconoce que ahora «estamos un poco más tranquilos».
Entre las situaciones más críticas vividas en los últimos años y dejando a un lado los incidentes de ‘Rodea el Congreso’ (Madrid 2012), dispositivo en el que participó esta unidad, Romera recuerda los incidentes del barrio burgalés de Gamonal en los primeros días de 2014, aunque también resalta la tensión de alguna de las protestas protagonizadas por los mineros o la manifestación de agricultores que en febrero de 2008 acabó con tres agentes heridos.