Las principales ciudades de Castilla y León presentan cerca de 200 zonas en las que es necesario acometer un plan de regeneración al concentrar viviendas antiguas, una elevada tasa de paro, que supera de media el 40 por ciento, y una población menguante y envejecida. Por tanto, se trata ‘manzanas’ e incluso barrios enteros, que se levantaron entre las décadas de los años 50 y 80, y en los que ahora viven más de 195.000 personas.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha detectado estos puntos mediante una ‘radiografía urbana’, a la que tuvo acceso Ical, que examina las 15 ciudades que superan los 20.000 habitantes. El examen ha localizado 195 puntos que requieren una intervención en un total de 59 áreas al combinar los cuatro factores que determina el índice de necesidad de rehabilitación: pérdida de población, desempleo, vivienda anterior a 1980 y vecinos de avanzada edad.
Los resultados de esta revisión exhaustiva sobre los conjuntos residenciales homogéneos servirá de guía en los procesos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que la Junta ponga en marcha, puesto que permitirá priorizar las actuaciones más urgentes en la Comunidad. También, los ayuntamientos castellanos y leoneses podrán utilizarla para elaborar sus propios inventarios municipales de áreas vulnerables y estrategias de rehabilitación.
Las políticas de las denominadas ‘tres erres’ se ha vuelto a convertir en uno de los ejes de las actuaciones de vivienda de la Consejería de Fomento. El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones da los últimos retoques a la Estrategia de Regeneración Urbana, en la que se encuentra este análisis de las 15 ciudades de Castilla y León, para su aprobación en unas semanas, lo que permitirá actualizar el Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León (PRICyL).
Este documento dirigirá la intervención de la Junta en los espacios urbanos y, en concreto, en las áreas residenciales que surgieron entre la posguerra y la década de los 80 del siglo pasado. Entre estos barrios destacan aquellos que se caracterizan por presentar un diseño homogéneo y que forman las primeras periferias de las ciudades (1950-1979), espacios «vulnerables» donde se concentran problemas urbanos o de edificación, pero también de raíz social y económica.
Rehabilitación urbana. Valladolid es la ciudad de Castilla y León que suma más zonas con una necesidad elevada de ser regeneradas, con 54 en las que viven casi 50.000 habitantes y en las que el paro alcanza el 42,4 por ciento. Le siguen Burgos y León con 21, con una población de 19.000 y 17.000 habitantes y un paro de 38,4 y 39,9 por ciento. También Salamanca suma una veintena, con más de 25.000 habitantes y un elevado desempleo (39,5 por ciento). Le sigue Palencia con 19, que agrupan casi 18.000 habitantes, con un índice de paro del 41,2 por ciento.
Ávila presenta tres ámbitos con un total de diez zonas que necesitan una rehabilitación, con una población total de 11.660 habitantes y una tasa de paro media del 38,3 por ciento, como Zamora, donde las áreas residenciales de 10.285 habitantes precisa una intervención, ya que además el desempleo ronda el 44 por ciento. Le sigue Segovia con nueve y 8.285 habitantes; Aranda de Duero con siete (10.531); Miranda de Ebro y Laguna de Duero con cinco (3.945 y 6.980); Ponferrada y Medina del Campo con cuatro (4.575 y 3.975), y San Andrés del Rabanedo y Soria, con tres (2.640 y 3.925).
El modelo que define el estudio se adapta para la Consejería al marco europeo en materia de desarrollo urbano sostenible. En el periodo 2014-2020 los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han previsto apoyar el desarrollo de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) en ciudades y áreas urbanas funcionales dentro del marco definido en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea de 30 de octubre de 2014.
Por tanto, las ayudas, gestionadas por la Administración General del Estado, estarán destinadas, según Fomento, a financiar el desarrollo de las Estrategias DUSI en áreas urbanas de población mayor de 20.000 habitantes, siendo beneficiarios de las mismas los ayuntamientos o entidades supramunicipales.