La Concejalía de Urbanismo llevará al pleno del próximo 8 de junio una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para flexibilizar el uso del suelo de los polígonos y permitir que se instalen allí empresas de servicios. Se trata de una decisión que responde a la demanda de algunos negocios que no pueden abrir en estos espacios por no tener una actividad industrial. «Desde hace tiempo se viene reclamando la flexibilidad en la definición urbanística de los usos industriales, porque impide la implantación en suelos urbanizados de determinadas actividades empresariales que parecen perfectamente compatibles con el resto de las instalaciones», asegura el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.
No es solo una petición de estas empresas, sino también de los propios polígonos. De hecho, el propio concejal estuvo reunido hace unos días con los responsables de la Asociación de Propietarios Polígono de Argales y fueron ellos los que se lo pidieron. Desde este colectivo aseguran que «no tiene mucho sentido» que continúe esta restricción si se tiene en cuenta que hay empresas interesadas en instalarse allí. Una de las últimas que lo ha comunicado está relacionada con actividades deportivas. La ocupación de este polígono, de 85 hectáreas, está en torno al 70 por ciento, pero antes de la crisis llegó a estar al cien por cient. De unas 200 empresas se ha pasado a menos de la mitad, y de unos 3.000 empleos, a cerca de mil, según los datos facilitados por la Asociación. Esta cambio del suelo podría ayudar a remontar un poco la situación.
Pero no se trata de un cambio hecho a medida de Argales. «Es una modificación importante, que va a permitir la construcción de nuevas actividades en distintos enclaves en los que, al parecer, hay en estos momentos demanda», prosigue Saravia. El concejal de Urbanismo recuerda que entre los criterios que se aprobaron para desarrollar el PGOU se encontraban «analizar específicamente los usos industriales para su ampliación a actividades empresariales desvinculadas del concepto obsoleto de ‘transformación de materias primas’ con el más amplio de ‘uso productivo’», así como la «localización flexible de actividades económicas y equipamientos, facilitando la compatibilidad y coherencia de usos».
El equipo de Gobierno entiende que el número de polígonos que hay en la capital y en su entorno, además de los que están previstos, está «fuera de cualquier cálculo razonable de nuevas implantaciones» de empresas. Por eso el Ayuntamiento quiere establecer una estrategia conjunta con los municipios que forman parte de la Comunidad Urbana de Valladolid (CUVA) para racionalizar esas implantaciones, evitando la competencia entre municipios. «El proyecto de Parque Agroalimentario incide en esa idea, recoger suelos ya urbanizados, para vincularlos al proyecto, tanto de Valladolid como de municipios próximos», señala Saravia.
Desde la Asociación del Polígono de San Cristóbal también reconocen que ha habido algunas empresas que han rehusado instalarse allí por los costes que supone conseguir la licencia de actividad. Las naves son antiguas y no están adaptadas a las exigencias legales que hay en la actualidad en temas como la garantía contra incendios. «El coste que supone adaptarlas es tan alto que al final declinan hacerlo», asegura el gerente de la asociación, José Ferrández Otaño.