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Infraestructuras

La deuda millonaria con los bancos liquida el proyecto del soterramiento

M. Rodríguez - jueves, 3 de diciembre de 2015
Túnel del Pinar de Antequera. - Foto: Fernando Blanco
La Sociedad Alta Velocidad, encargada de la operación y de la que es socio el Ayuntamiento, no tiene dinero para pagar 125 millones antes de fin de año

Operación fallida. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, dio ayer la puntilla al proyecto del soterramiento y a toda la operación urbanística asociada a esta operación de integración del ferrocarril en la capital, conocida como Plan Rogers. «No se ha hecho el soterramiento y debemos 404 millones de euros», aseguró Puente tras la reunión express que mantuvo ayer, junto con el concejal de Urbanismo y el de Hacienda, con representantes del Adif para hablar de la refinanciación de la deuda de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, encargada de gestionar y ejecutar este proyecto.


El encuentro se había fijado para encontrar una solución a la asfixia económica de la sociedad, de la que el Ayuntamiento y la Junta tienen un 25% de participaciones respectivamente y el resto corresponde al Ministerio de Fomento. En concreto, esta sociedad debe afrontar antes del próximo 31 de diciembre el pago de 125 millones de euros, la primera amortización de la deuda de 404 millones que tiene con un pull bancario. Un pago que se plantea imposible por la falta de liquidez porque no se han vendido los terrenos con los que se iba a financiar la operación.


Como alternativa, el Adif propuso ayer al Consistorio aceptar el ofrecimiento de las entidades bancarias de pagar ahora siete millones de intereses y aplazar la amortización de los 125 millones a diciembre de 2016.


Una idea que fue rechazada de plano por Óscar Puente por el coste que tendría para las arcas municipales y porque entiende, según informe del interventor, que el Ayuntamiento no puede asumirla o corresponsabilizarse de ella porque al hacerlo implicaría incorporar a la deuda municipal 101 millones de euros. «Esto es algo que en este momento es absolutamente inviable para nosotros», alertó.


El alcalde defiende que esto llevaría a las arcas municipales al cien por cien de endeudamiento, lo que por la regla del techo de gasto fijada por el Ministerio de Economía, lo que obligaría a hacer ajustes en las cuentas del año que viene de entorno a 80 millones de euros, según explicó. Una cuadratura a la que parece inviable llegar porque «ni recortando gasto e inversión se podría abordar esa situación sin echar el cierre del Ayuntamiento». Además, el equipo de Gobierno entiende que el planteamiento es «una huida hacia adelante sin un horizonte claro» porque se aplazaría «sin tener muy claro qué vamos a hacer en esa fecha». Una fecha en la que habría que habría que pagar «no 125 millones sino 200 más intereses (porque vencen otros cien millones)».

 

En esta situación límite, el alcalde recordó que la morosa es la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que puede entrar en liquidación. «Hay que ver de qué manera se solventa el asunto, lo lógico sería ir a una liquidación ordenada». Esta disolución implicaría que los bancos se puedan quedar con las casi 100 hectáreas con las que se iba a financiar la operación. «Tendrán que cobrarse con las fórmulas que se vean dentro de las posibilidades que tiene la sociedad, es decir, su patrimonio», reiteró Puente.
Desde Adif también se ha planteado la posibilidad de que el Ayuntamiento haga un préstamo a la sociedad por el 25% de su participación en la deuda. En este caso, sobre los 125 millones que hay que amortizar antes del 31 de diciembre. En este caso, el Consistorio tendría que pedir un préstamo por importe de unos 30 millones, ya computable en el presupuesto de 2016. Algo que Puente también rechaza por lo que eso supone desde el punto de vista de la regla del techo de gasto y de la estabilidad presupuestaria. Según el alcalde, manteniendo las inversiones plurianuales, que ya están comprometidas por unos 23 millones de euros y que no se pueden recortar (Mercado del Val, Centro Cívico de La Victoria,…),  esta operación obligaría a hacer un recorte de gasto de más de 30 millones de euros. «Algo que es materialmente imposible sino cerramos la puerta. El Ayuntamiento no puede hacer ese préstamo a  la sociedad».


Otra opción es que en la permuta pendiente de los nuevos talleres de Renfe por los viejos del paseo de Farnesio, donde hay una diferencia de valoración de 160 millones frente a 40 a favor de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se utilice ese dinero para pagar parte de la deuda. «Está todo por hablar», matizó el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, que  explicó que la «más urgente» es la refinanciación. En este sentido Saravia se mostró algo más optimista que Puente y reiteró la intención del Ayuntamiento de ser «proactivo» para buscar una solución.


El Ayuntamiento liquida el proyecto del soterramiento vinculado al Plan Rogers, pero adelanta que a medio o largo plazo podría afrontar una nueva operación del soterramiento muy diferente a la planteada hasta ahora.


Este nuevo planteamiento implicará trocear la operación para poder abordarla por fases y con métodos constructivos más económicos, como explicó el alcalde. Realmente sería poner el contador a cero y diseñar un nuevo proyecto. «Si el Ayuntamiento ahora tiene que poner 100 millones de euros, y vamos a suponer que el coste del soterramiento en el tramo norte, que es el que realmente nos parece más urgente, son 140 millones, es imposible que lo abordemos con recursos públicos íntegramente municipales. Habría que buscar otras fórmulas. Cosa totalmente distinta es si partimos de cero», reiteró Puente.


Una apuesta a la que sólo se podría llegar si se salda la deuda de los 400 millones con la venta de los suelos o con la entrega del terreno a los bancos, con una solución que deje la deuda a cero porque como advirtió el equipo de gobierno «es evidente es que no podemos empezar con menos 404 millones y pretender hacer el soterramiento como estaba pensado en el Plan Rogers».


Lo que en ningún momento se acepta es que el no afrontar la deuda pueda implicar el embargo de bienes municipales. «El Ayuntamiento se resistirá a cualquier tipo de responsabilidad si esa es la vía que intentan los bancos», concluyó el alcalde.

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