La crisis migratoria que sufre el Viejo Continente, donde miles de africanos y asiáticos intentan acceder a suelo europeo a través del Mediterráneo en una peligrosa huida de sus países de origen, ha obligado a las autoridades comunitarias a tomar cartas en el asunto y a decretar un sistema de cuotas para reubicar a los demandantes de asilo que llegan, principalmente, a Italia y Grecia.

Tras una controvertida polémica generada la semana pasada por las cifras impuestas a cada Estado miembro, la Comisión Europea concretó ayer los números exactos. Serán 60.000 los refugiados que deberán distribuirse y a España le corresponderá un total de 5.837 durante los próximos dos años.

El plan de Bruselas es reducir la presión sobre los dos países más afectados por la masiva llegada de sin papeles y se realizará a través de dos puntos.

El primero es un programa de relocalización de emergencia de 40.000 personas, cuyo objetivo es ayudar a los Gobiernos de Roma y Atenas, que se aplicará a los sirios y eritreos que necesiten protección internacional y que hayan llegado a Italia o Grecia después del 15 de abril o lo hagan después de activarse el mecanismo.

El segundo, que a diferencia del anterior, tiene carácter voluntario, pretende reasentar en Europa a 20.000 refugiados que se encuentran en el norte del continente negro, el Cuerno de África y Oriente Próximo, con el fin de evitar que se embarquen y puedan morir en el mar.

Tras conocer este sistema de distribución, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, subrayó que la medida «no resuelve el problema» y que, incluso, «puede provocar un efecto llamada importante» entre quienes están pensando en iniciar una travesía.

«Las mafias criminales existen y son malas, pero no tontas, y saben que si se está redistribuyendo a esas personas, no se está atacando el problema de fondo y, por tanto, a lo mejor estamos incentivando a que se pongan a más personas en esa situación», criticó.

Para el popular, si hay que hablar de recolocación, hay que «hacerlo en serio», tomando en cuenta otros elementos, como el nivel de desempleo. «El paro que tenemos en España entre los nacionales y entre los extranjeros es extraordinario», avisó. «Es evidente que si hemos de asumir a algunas de esas personas, les hemos de tratar con la dignidad que se merecen», remachó.

 

Sin un objetivo claro. Por su parte, los responsables militares de los Veintiocho criticaron la «ausencia de objetivos políticos estratégicos» detrás de la operación militar castrense que la UE pretende llevar a cabo para combatir las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo y que abre la puerta a destruir sus embarcaciones.

«El objetivo final político no está claramente definido en el concepto de gestión de crisis de la operación», subrayó el Comité Militar de la Unión Europea en un comunicado.

En ese mismo texto, el organismo considera «deseable» que los embajadores de los Estados miembro den «directrices políticas adicionales» y defienden que el reto «final» podría ser «reducir significativamente» el flujo de inmigrantes y las actividades de los traficantes.

Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, censuró fuertemente los planes que tiene Bruselas para bombardear los barcos libios en el marco de la lucha contra los contrabandistas de personas.

«Si se considera destruir esas embarcaciones, se está privando posiblemente a gente de sus escasos medios», aseveró el diplomático. Incluso aunque esas naves a veces se utilicen con fines criminales para traficar con personas, quizá «haya alternativa a una destrucción», consideró.