El Procurador del Común presentó ayer su informe de actividad de 2015 en un escenario inusual, la Colegiata Basílica de San Isidoro de León, el mismo lugar en el que en el año 1188 celebró Cortes el rey Alfonso IX. En ese foro reclamó a los partidos políticos que «desde la diversidad, trabajen con generosidad y consenso para llevar a cabo con celeridad y eficacia las demandas que exigen los ciudadanos de nuestra comunidad».
Javier Amoedo dio cuenta de las actuaciones de la institución que preside durante el pasado año, sobre las que destacó una colaboración «aceptable» de las administraciones, con el ‘pero’ de seguir constatando que algunas «no responden con las diligencias necesaria o lo hacen con información insuficiente, lo que no facilita el trabajo de la institución y va en detrimento del servicio que se presta a los ciudadanos». El balance de actividad deja un total de 4.329 quejas presentadas en pasado año y 36 expedientes de oficio.
En su repaso, Javier Amoedo incidió en la «considerable falta de transparencia» detectada en las contrataciones temporales que hacen los ayuntamientos, con ausencia de publicidad y selección arbitraria de los trabajadores y una «insuficiente intervención» del servicio público de empleo de Castilla y León en la preselección de candidatos y el seguimiento de los procesos.
En lo que atañe a servicios municipales, destacó las quejas provocadas por la inactividad de las administraciones locales a la hora de hacer una defensa eficaz de sus bienes de dominio público o patrimonial.
prestaciones sociales. «La situación va a mejorar porque por Decreto Ley se adoptaron medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social a las familias afectadas por la crisis», señaló Amoedo sobre la cobertura a personas afetadas por la crisis; iniciativa adoptada en base a los acuerdos del diálogo social. El pasado año la institución del Procurador insistió en la necesidad de agilizar la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y Javier Amoedo aludió a la necesidad de aumentar el presupuesto para ayudas de emergencia social.
Superar los retrasos en el reconocimiento de dependencia o en la concesión de ayudas son cuestiones que el Procurador ha reiterado a la administración autonómica, a la que también advierte de que las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos que limitan el normal desarrollo de su vida ordinaria; problema que se añade a la falta de cumplimiento de la obligatoriedad de suprimir las barreras arquitectónicas.
El Procurador del Común también se ocupó el pasado año de promover la prevención y actuación contra el acoso escolar y de atender las numerosas quejas propiciadas por las deficiencias que presentan los edificios e instalaciones de los centros educativos. La institución autonómica reclamó además la incorporación de profesionales de enfermería en los centros docentes.
En materia sanitaria, el Procurador destacó el problema de las listas de espera -y la gran diferencia entre provincias-, que se esperan reducir con la puesta en marcha de un plan especial. Por otro lado, el Procurador recomendó retirar de los servicios de urgencias los carteles disuasorios dirigidos a los inmigrantes en situación irregular.