El Ministerio del Interior anunció ayer la actualización del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista que a partir de ahora quedará estructurado en cinco categorías, en lugar de las anteriores cuatro con dos intensidades cada una. Con la nueva denominación, la actual alerta contra atentados -que no se ha modificado- corresponde al nivel tres (antes hacía referencia al de intensidad baja).
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó las razones por las que su Departamento ha variado la clasificación que se venía aplicando desde 2005. Según sostuvo, el cambio obedece al objetivo de tener un sistema homogéneo con el resto de los países europeos amenazados por el terrorismo yihadista. «Unidos somos más fuertes y venceremos a estos bárbaros», aseveró.
El Gobierno considera que el anterior plan, aunque fue actualizado en 2010 y 2012, comenzaba «a acusar su obsolescencia después de más de 10 años de vigencia» y que era necesaria «una profunda revisión», debido a las transformaciones del terrorismo en los últimos años, que ha «diversificado los potenciales riesgos». En concreto, Interior argumenta que el terrorismo no solo se ha globalizado y tecnificado, extendiendo su capacidad de actuación a cualquier región del mundo, sino que ha ampliado considerablemente los objetivos de sus posibles ataques y, además, consigue crear gran impacto con una capacidad de difusión de sus acciones que es prácticamente ilimitada.
Por ello, Fernández Díaz precisó que «en el contexto de esta actualización, lo que se pretende es dar una mejor respuesta a los riesgos a los que está expuesta España y la comunidad internacional por la amenaza yihadista, estableciendo unos niveles de alerta más inteligibles y homogéneos a efectos de la comparación con otros Estados de la UE que, por estar también en peligro, necesitan una respuesta homogénea».
Por otra parte, el ministro apeló a la «separación de poderes» para defender que, las condenas dictadas contra el país por no investigar adecuadamente las denuncias de torturas a etarras, aluden a la actuación de los tribunales y no al Ejecutivo. Así lo manifestó en respuesta a la pregunta formulada por el diputado del PNV Emilio Olabarría respecto a las cinco condenas impuestas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado lo suficiente las denuncias de malos tratos a etarras.
Asimismo, el popular recordó que «la causa se refiere a presuntos miembros de ETA a los que se les aplicó la incomunicación (tras su detención), un procedimiento que ya de por sí dispone de un riguroso control judicial».