La polémica reforma de la ley del aborto ha reabierto un debate social en el que generalmente chocan posiciones muy encontradas. Lo cierto es que este tipo de práctica descendió un 15,1 por ciento el año pasado en Valladolid (últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad) al pasar de 1.011 intervenciones a 878. Sin embargo, llama la atención que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) descienden en todos los tramos de edad, excepto en el de niñas menores de 15 años, donde pasó de tres a seis casos.
No menos sorprendente es el número de abortos que llegan después de una relación sexual en la que el método anticonceptivo no funcionó, ya sea por una mala utilización o por un fallo del mismo. De los 878 abortos del año pasado, 351 llegaron después de una relación sin ningún tipo de protección. Entre los que sí que la utilizaron destacan los 396 casos que se decantaron por los métodos barrera (preservativo), los 116 de métodos hormonales (pastilla), los doce de métodos mecánicos (dispositivo intrauterino o DIU) y los dos que eligieron métodos naturales, ya se la conocida como ‘marcha atrás’ o el método ogino (basado en el control del calendario).
José Luis Casado, del centro sexológico Senso, considera que estas cifras responden a «un problema de educación sexual» en unos tiempos en los que hay «mucha información, pero poca formación». «Por ejemplo, estamos cansados de repetir a la gente que hay que ponerse el preservativo antes de iniciar la relación y no antes de eyacular», explica. Según él, el ‘a mí no me va a pasar’ sigue siendo un mal demasiado común.
Por otro lado, las estadísticas dicen que 753 de los 878 abortos se practicaron antes de las doce semanas de gestación y que la mayoría de mujeres eligen los centros públicos de salud para informarse del proceso a seguir. Cabe recordar que en mayo de 2009 se aprobó el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, una situación que cambiará con la ley impulsada por el ministro Gallardón. Esta reforma solo contempla dos supuestos para abortar: riesgo para la salud de la mujer, que debe ser certificado por dos médicos diferentes, o violación. El tercer supuesto, malformación del feto, quedará reducido a ‘anomalías fetales incompatibles con la vida’.
Este cambio convertiría en ilegal el 90 por ciento de los abortos practicados el año pasado en Valladolid. Es decir, los 794 que se practicaron «a petición de la mujer» y los 44 que se realizaron por «riesgo de graves anomalías en el feto». Solo serían legales los 37 que se practicaron por «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» y los tres por «anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable», según los datos del Ministerio.
Las estadísticas también apuntan a que poco menos de la mitad de las mujeres que abortan no tenían ningún hijo. Por otro lado, en 606 de los 878 casos se trataba de una primera IVE, otras 190 tuvieron que pasar por ese mal trago en una ocasión anterior y otras 56 ya tuvieron otros dos abortos voluntarios. Hay otros ocho casos en los que la mujer había abortado en cuatro ocasiones y otros ocho en las que el número de IVE previas era de cinco o más.
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, se refirió a esta reforma ayer para manifestar su acuerdo con la mayor parte del proyecto, si bien confió en que «se mejore», pues considera que «sería un error obligar a la madre a seguir embarazada hasta el final» en casos de determinadas malformaciones, como los fetos anencefálicos, tal y como señaló a Europa Press. Según él, el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre era un «coladero» cuando él ocupaba el cargo de consejero de Sanidad.
Por su parte, el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, pidió que se «matice y mejore» la Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada durante su tramitación. «Es un tema muy complejo», concluyó.