Los jueces inician su proceso electoral en Castilla y León para renovar a los 14 vocales electos de su Sala de Gobierno, el máximo órgano de dirección del Tribunal Superior de Justicia. La votación será el 26 de noviembre y ya hay tres candidaturas presentadas. Una conjunta que agrupa a magistrados y jueces no asociados, junto a Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y Asociación Foro Judicial Independiente; otra de Jueces para la Democracia y la tercera es la Asociación Profesional de la Magistratura.
La magistrada de la Audiencia Provincial de Zamora Ana Descalzo, miembro de la candidatura de magistrados y jueces no asociados y de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, reclamó ayer una justicia independiente del poder político, injofrma Ical
Descalzo, que presentó en Valladolid la candidatura de este grupo a las elecciones que se celebrarán el próximo día 26 en el Palacio de Justicia de Burgos, se felicitó de la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia y de la paralización de todas sus reforma que estaban en marcha, ya que «cercenaban, una vez más, la independencia del poder judicial. Nuestro principal objetivo es defender la independencia de los jueces y reclamar que cuenten con los medios materiales y humanos necesarios que les permitan hacer frente a su trabajo diario».
En este sentido, el magistrado Francisco Javier Zataraín, miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ en Valladolid e integrante de la candidatura, afirmó que, en cuanto a medios, la Justicia siempre ha sido el hermano pobre para los gobernantes. «En el caso de Valladolid sólo hace falta ver las sedes y los edificios de los disfrutan las distintas administraciones para comprobar la falta de medios que sufre la Justicia y que incluso está llegando a la limitación de cierto tipo de bolígrafos o lapiceros», dijo.
A su vez, Zataraín también criticó la ratio población-jueces que existe y afirmó que «si a los jueces se nos impone bajo sanción disciplinaria una carga de trabajo inasumible, difícilmente vamos a tener resoluciones o investigaciones de calidad». En este sentido, explicó que desde la Sala de Gobierno se puede «parchear» esta situación y solicitar apoyos para los jueces o tribunales que lo soliciten.
Otro de los miembros de la candidatura, Emilio Vega, juez titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Valladolid, reconoció que aunque en la instrucción de sumarios como el del ‘caso Arroyo’ el juez contó con un refuerzo que le eximió de parte de su trabajo, el principal problema es que los juzgados no cuentan con especialistas como peritos contables o auditores que faciliten la investigación.
«Los políticos nos piden celeridad, pero se olvidan que se trata de algo que dependen de ellos, ya que es el Ministerio de Justicia el que decide los medios y el número de jueces», afirmó Vega.