El Ayuntamiento intentará «algún arreglo» con la Junta para asumir el pago de los casi 21 millones de euros que deberá pagar por la expropiación forzosa de la finca Zambrana. Así lo anunció el alcalde tras la finalización del Pleno Extraordinario, que se celebró a petición del PSOE, para analizar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obliga a expropiar esta parcela situada junto al Centro de Menores Zambrana y el Hospital Río Hortega.
León de la Riva respaldó así la posición de la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, que afirmó en el Pleno que la Junta «no notificó nada y actuó de espaldas al Ayuntamiento». «La Junta no comunicó el convenio al Ayuntamiento», defendió ante la petición de Izquierda Unida para que el Consistorio «inicie una guerra» para reclamar a la administración regional que pague parte del coste de la expropiación. «Miren que negocio ha tenido la familia, que además no ha tenido buena fe y hemos tenido que comunicarles actuaciones por el BOP».
Estas acusaciones tuvieron ayer una respuesta inmediata por parte del portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, que recordó al Ayuntamiento que el TSJ no ha visto «ningún error» en la Junta en relación al caso Zambrana. «Cada uno es responsable de sus actos, si la sentencia dice que tiene que pagar, lo tendrá que hacer», zanjó el consejero portavoz, para quien la Junta «no está para pagar sentencia en contra de ayuntamientos» y rechazar cualquier «culpa» o implicación del Ejecutivo en la ejecución del auto judicial.
Aún así, De la Riva aseguró que espera mantener un encuentro en las próximas semanas con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, para «ver si hay posibilidad de algún arreglo», aunque precisó que será la asesoría jurídica municipal quien determine si esa ausencia de notificaciones «tiene algo que ver en el asunto». En todo caso, no precisó si se reclamará una compensación a la Junta, según informa Europa Press.
Responsabilidades. En el Pleno Extraordinario, el equipo de Gobierno rechazó cualquier otra responsabilidad política en la gestión urbanística de estos suelos como le reclamaba el PSOE. «La sentencia del TSJ asegura que el Ayuntamiento no ha hecho nada en este caso», espetó Óscar Puente, presidente del Grupo Socialista a la concejala de Urbanismo. Vidal, por su parte, defendió que Urbanismo «no podía modificar el PGOU porque un informe municipal lo desaconsejaba por propiciar un pelotazo urbanístico». En ese línea, argumentó que «se expropiará un suelo que no queremos, pero que se destinará a parque de viviendas e infraestructuras dotacionales».
El portavoz del Grupo Municipal de IU, Manuel Saravia, se mostró muy crítico con la gestión de «este desastre» y propuso delimitar responsabilidades políticas, además de proponer cambios en la actuación de los servicios municipales.
Unas exigencias que el PSOE elevó para exigir la dimisión de la concejal de Urbanismo, a quien señaló como «la verdadera responsable» de la situación. Una petición que ayer quedó sin efecto y que motivó que los socialistas advirtieran que si nadie asume la responsabilidad sobre el pago de los casi 21 millones, que se pueden incrementar porque la familia mantiene otra reclamación judicial abierta, les obligará a utilizar «cuantos elementos sean necesarios para resarcir el pago de esta cantidad». «No vamos a consentir que el daño quede impune», incidió Óscar Puente al finalizar el Pleno.