Los juzgados de lo social de Castilla y León tardan más de ocho meses en resolver los asuntos, dos menos que la media española. En los últimos cuatro años, estos órganos judiciales han incrementado en un mes y medio el tiempo que les lleva resolver los diferentes expedientes, puesto que en 2010 era de 6,8 meses en la Comunidad, mientras en el conjunto del país el aumento fue de tres meses, desde los 7,7 a los 10,7, según el informe ‘La Justicia dato a dato 2014’, difundido ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al que tuvo acceso Ical.
Este indicador, uno de los que determina la calidad de la justicia, varía en función de las diferentes jurisdicciones. En el ámbito civil, los juzgados de Primera Instancia, Primera Instancia e Instrucción y Familia necesitan 4,5 meses de media en la Comunidad para tramitar los asuntos presentados, frente a los 6,6 de media nacional. En el ámbito penal, las audiencias provinciales emiten sumarios con una duración media de diez meses y medio, aunque en el procesos con jurado se reduce a 5,4. En lo contencioso administrativo, los juzgado tardan 8,3 meses en dar salida a las demandas.
En 2014, la duración media de los procedimientos judiciales en España disminuyó en primera instancia un 4,4 por ciento, en segunda instancia un 10,7 por ciento y en el Tribunal Supremo un 2,2 por ciento. En concreto, la duración media de los procedimientos en primera instancia pasó de 3,9 a 3,7 meses, mientras que en segunda instancia bajó de 5,2 a 4,6 meses. En el Tribunal Supremo los procedimientos duraron de media 11,1 meses, frente a 11,3 meses en 2013.
Asimismo, la Justicia redujo un 1,9 por ciento su congestión en Castilla y León a lo largo de 2014, sobre todo, por la reducción de actividad en lo social, que con la crisis había incrementado el número de casos gestionados. La litigiosidad de la Comunidad fue una de las más bajas del país con 157,8 casos por cada 1.000 habitantes frente a los 185 de media nacional, que aumentó tras cuatro años a la baja.
En ese sentido, la congestión se redujo un 1,1 por ciento en lo civil y un 1,5 por ciento en lo penal. En la jurisdicción contencioso-administrativa cayó un 6,3 por ciento y en lo social, un 12 por ciento. Con esta evolución, el atasco es mayor en lo contencioso-administrativo (1,76), seguida por lo social (1,55) y lo civil (1,4). Sin embargo, las secciones mixtas de las audiencias provinciales y los juzgados de violencia contra la mujer incrementaron la congestión un 15,2 y un 13,8 por ciento.
por comunidades. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Andalucía (218,2), Madrid (203,8), Islas Baleares (198,5), Canarias (195,9,), Cantabria (193,3), Murcia (192,1) y la Comunidad Valenciana (190,2). Las autonomías con tasa más baja fueron La Rioja (117,4), País Vasco (127) y Extremadura (143,2).
El número de asuntos ingresados en 2014 en los órganos judiciales de Castilla y León fue de 393.727 asuntos, un 1,4 por ciento más que en 2013. En el mismo periodo, los tribunales resolvieron 400.426 y quedaron en trámite al final del año un total de 102.979, lo que significa una reducción del 5,6 por ciento respecto a 2013.
A nivel nacional, el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales españoles fue de 8.653.160, un 0,2 por ciento más que en 2013, rompiendo así una tendencia de disminución en la entrada de asuntos que venía produciéndose en los últimos cuatro años.