La juez encargada de la Operación Ignis decretó a última hora del sábado el ingreso en prisión de dos de los quince detenidos en la investigación de la presunta 'macroestafa' de las funerarias. Así, tras declarar desde primera hora de la mañana del sábado en sede judicial, trece salieron en libertad con cargos, mientras que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 6 ordenó que los dos dueños de la empresa, padre e hijo, ingresen en prisión, aunque, en el caso del segundo aceptó la imposición de una fianza de 800.000€.

Fuentes judiciales explican que en la causa se investigan delitos continuados de falsedad y estafa, así como delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y organización criminal, si bien aclaran que aún es "una calificación jurídica genérica y provisional". "Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos", añaden estas fuentes, que detallan que el juzgado "investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían". Aunque la juez acordó levantar el secreto de sumario el jueves por la noche, después de los registros y las detenciones, aún sigue habiendo una pieza separada sobre la que se mantiene el secreto de actuaciones.

La Operación Ignis arrancó en 2017, con una profusa investigación que partió de la denuncia que el propio Grupo El Salvador interpuso contra un extrabajador por extorsión. Fue en ese proceso, en el que el exempleado acabó condenado a un año de prisión, donde se descubrió la presunta 'macroestafa' que se habría estado cometiendo en los tanatorios de la funeraria entre los años 1995 y 2015. El pasado jueves se llevaron a cabo siete registros en los que, además de abundante documentación, los agentes se incautaron de casi un millón de euros en efectivo, que estaba en casa de uno de los dueños de la empresa