El alcalde no se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por las manipulaciones del PGOU que se cometieron en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid para, presuntamente, beneficiar a ciertos empresarios. Así lo certificó ayer la Audiencia Provincial de Valladolid a través de un auto en el que resolvió todos los recursos de apelación que se formularon en su momento contra el auto de imputación emitido por el Juzgado de Instrucción 1 y para lo que el tribunal formado por los magistrados Feliciano Trebolle, Fernando Pizarro y Miguel Ángel de la Torre ha necesitado casi diez meses de trabajo, al tratarse de un asunto con miles de folios y sobre el que se llegaron a formular hasta doce recursos cruzados sobre la resolución inicial que emitió el magistrado José María Crespo.
Fue en julio de 2013, después de cinco años de investigación. El juez titular de Instrucción 1 procesaba a doce personas y cuatro empresas por su supuesta implicación en la manipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y exoneraba a Francisco Javier León de la Riva, al edil Manuel Sánchez y al empresario Ramón Herrera Merino. Ahora, después de que la Audiencia haya resuelto todos los recursos de apelación, el número de imputados baja a diez, puesto que el tribunal entiende que se han de sobreseer las actuaciones respecto del secretario (Valentín Merino Estrada) y los dos letrados municipales (Luis Ángel Lavín Deza y José Luis Barca Sebastián), y, en cambio, ordena imputar a ese empresario al entender que existen indicios de que formó parte de la trama.
El otro juicio. De la Riva, por lo tanto, solo tendrá un juicio el próximo año. Será el 27 de abril, un mes antes de esas elecciones a las que pretende concurrir como candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid, y para responder de un delito de desobediencia en el caso de los Áticos de Zorrilla. Este es un proceso en el que, como mucho, podría salir inhabilitado, pero sin una condena de prisión. Algo que, en cambio, sí que puede llegar a ocurrir con estos diez imputados en el llamado caso PGOU y a los que se podría acusar de delitos contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, falsedad, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación, tal como reza el fallo que emitió ayer al mediodía la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y al que tuvo acceso El Día de Valladolid.
El auto exonera con absoluta contundencia a León de la Riva de cualquier responsabilidad en el caso PGOU, al entender que no sabía nada de la trama corrupta que, según este fallo, lideraban el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y tres hombres de su total confianza en este departamento: Modesto Mezquita (era el director del Área de Urbanismo en esa época), Luis Álvarez Aller (este arquitecto era el director del Servicio de Control de la Legalidad Urbanística) y José Luis Cerezo Bada (era director del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística). Presuntamente, los cuatro manipularon de manera «consciente e intencionada» parte del articulado y los planos del PGOU de 2003 para beneficiar a seis empresarios inmobiliarios.
¿Cuatro imputados más? Una lista a la que se podrían unir durante los próximos meses otras cuatro personas. En el auto de ayer, la Audiencia de Valladolid no da por cerrada la investigación, ya que devuelve el asunto al juez de Instrucción 1 y le ordena que se tome declaración en calidad de imputados a los empresarios Gonzalo Jolín, Francisco Capellán y Pilar Asunción López Mazariego, así como al párroco Lino Collazos del Castillo, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez, que era la entidad propietaria del suelo del edificio de Cáritas, en la calle José María Lacort, que fue uno de los que se benefició de las manipulaciones del PGOU. De esas testificales, el instructor debe decidir si les procesa también y les incluye en la imputación para que sean juzgados por su papel en la supuesta trama.
El auto deja claro que fueron «manipulaciones deliberadas» y que se produjeron tras acuerdos previos entre los cuatro miembros de la cúpula de Urbanismo y los empresarios propietarios de cinco terrenos o inmuebles: avenida de Madrid 185, Bajada de la Libertad 17, el (citado) edificio de Cáritas, la vieja Fábrica de Harinas de La Perla y otro en el 54 de Arca Real. «Las alteraciones subrepticias en el PGOU se producen para permitir y lograr beneficios urbanísticos porque hay un acuerdo entre las personas del Ayuntamiento que tienen el control efectivo de la elaboración de ese texto refundido y el dominio del mismo (los cuatro responsables de la Concejalía de Urbanismo), con las personas o empresas beneficiadas», apunta literalmente el auto de la Audiencia Provincial de Valladolid.
En su fundamentación sobre la exculpación de Francisco Javier León de la Riva, el tribunal dice que «la atribución al alcalde de una responsabilidad penal por todo lo que se realice en el ámbito municipal sería extender en demasía la responsabilidad criminal». Y añade también este auto: «No es bastante su condición de alcalde y su actuación como tal en diversos órganos del Ayuntamiento para inferir su participación voluntaria en los presuntos delitos investigados, siendo preciso que consten hechos de los que quepa apreciar en aquel algún tipo de intervención o cooperación en la realización de las alteraciones del PGOU con conocimiento de ello».
En un sentido muy parecido se pronuncia respecto del concejal Manuel Sánchez, quien no llegó a la Concejalía de Urbanismo hasta 2007 y que, según el tribunal, «se encontró con las manipulaciones ya realizadas». Y respecto a los dos letrados y el secretario municipal, a los que exonera porque entiende la Sección Segunda que estos dos abogados no encubrieron con sus informes las irregularidades y, en el caso de Valentín Merino, porque se entiende que él no sabía nada de las manipulaciones y dio por hecho que la aprobación del PGOU de 2003 era con arreglo a la legalidad.
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