La resolución de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial que deja a León de la Riva fuera de la lista de imputados provocó ayer una reacción de satisfacción en el portavoz de la Junta, una petición de responsabilidades políticas en los partidos de la oposición y la crítica de la acusación particular.
El portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que se «alegra» por el alcalde de Valladolid y por el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Manuel Sánchez. De Santiago-Juárez advirtió que respeta, como todas las decisiones de los tribunales, que «unas veces son favorables y otras no», aunque en este caso no había interés alguno de la Junta.
Por su parte, el presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Óscar Puente, advirtió que no entiende la «alegría» del alcalde tras su exoneración judicial. En este sentido, Puente recordó que un exconcejal «nombrado por él» y varios funcionarios municipales «de su confianza» tendrán que «sentarse en el banquillo». El socialista, además, entiende que el auto de la Audiencia Provincial sobre las irregularidades en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2003 «avisa de la gravedad de las manipulaciones y de la dureza de las penas que se pedirán». «El auto nos satisface, en parte, porque constata la existencia de delitos muy graves.Deja poco margen a la salta que lo tenga que juzgar».
El concejal del PSOE no ocultó ayer su «sorpresa por el jolgorio con el que el alcalde afronta la situación. Parece que contempla con disfrute la imputación de personas cercanas a él. Ha perdido el norte», recalcó. «Entendería que sienta alivio, pero no que, como él se libra, esté tan contento».
En este sentido recurrió a una metáfora musical para advertir que no le parece lógico que «los violinistas tocaran a su aire, mientras el director de orquesta estaba sordo y ciego». Y dejó en el aire la pregunta de si León de Riva «no se entera de nada como en otras muchas ocasiones», aunque reitero que «él es políticamente responsable de estas manipulaciones».
Responsabilidades. Por su parte, el Grupo Municipal de IU quiso ayer recordar a León de la Riva la diferencia entre «responsabilidad penal y política». En este sentido, la coalición entiende que la segunda de ellas por parte del alcalde es palmaria, y «cuando los hechos son tan duros como los de esa manipulación del PGOU, amplia, descarada, que afecta a concejales nombrados por León de la Riva y a técnicos de confianza, no basta con la exculpación penal para eludir la responsabilidad política».
Para IU la reacción del alcalde en cualquier país democrático hubiera sido clara, en referencia a la dimisión, aunque lamenta que «aquí, según parece, nos falta mucho camino que recorrer. ¿No podríamos seguir aquí el ejemplo europeo, para no tener esa incómoda sensación de que con nosotros no va la vida democrática?».
Por su parte, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que ejerce como acusación popular en el caso de manipulaciones detectadas en el PGOU, se mostró disconforme con la decisión de la Audiencia Provincial de no incluir en el listado de imputados al alcalde y excluir del mismo al secretario municipal, al entender además que utiliza argumentos inconsistentes.
El letrado de la federación, Carlos Castro, lamento que la Sección Segunda de lo Penal haya desestimado los recursos de la acusación popular y de la Fiscalía, tendentes, entre otras pretensiones, a incluir entre los imputados a León de la Riva y el concejal Manuel Sánchez, utilizando para ello razonamientos, a su juicio, «poco sólidos y contundentes, sobre todo teniendo el cuenta el tiempo que ha tardado en dictar el auto», según relató.