Francisco Javier León de la Riva pasó ayer uno de los momentos más complicados de sus 28 años de carrera política. Aunque él no quiso recurrir al calificativo de complicado para definir lo que sintió al sentarse en un banquillo, sí reconoció que «nunca es agradable». «Es la segunda vez que me ocurre. La primera vez fue en el juzgado de instrucción que me absolvió, dicho sea de paso», matizó ante los numerosos medios de comunicación que esperaban sus primeras reacciones tras salir de los juzgados.
En su declaración, en la que estaba sensiblemente más nervioso que en la sala, hizo público su disgusto y aseguró que no está dispuesto, salvo que no quede más remedio, a volver a pasar por algo similar porque aseguró, que no es «plato de gusto». Insistió, además, en que se trataba de un juicio por el retraso en el cumplimiento de una sentencia, no por malversación, prevaricación, cohecho u otro tipo de delitos. «Evidentemente esos sí que me hubieran motivado a decidirme a retirarme de la política. Y, además, sino lo hubiera hecho yo lo hubiera hecho mi partido», aclaró.
Eso sí, recalcó que estaba tranquilo y que no ha tomado ninguna decisión. «No he hecho ninguna insinuación sino todo lo contrario, en el sentido de que lo que había que hacer era cumplir la sentencia, en su integridad y a la mayor brevedad, pero creo que los técnicos que han intervenido han dejado claro la enorme dificultad que conllevaba la ejecución de esa sentencia», volvió a recalcar, acompañado de su abogado.
Precisamente, la defensa del alcalde pidió ayer poder llamar como testigos a tres técnicos, dos municipales y un perito judicial. La primera fue la arquitecta municipal encargada de supervisar la ejecución de la sentencia, que relató las dificultades técnicas con las que se encontraron para ejecutar el proyecto tal como había solicitado la Sala de Segunda de lo Contencioso Administrativo del TSJ. En su declaración, detalló los problemas con los distintos planos de la construcción, que data de 1946 y las inconcreciones que había en las propias fichas municipales. Igualmente señaló que el director de la obra «tenía miedo a tomar decisiones para no equivocarse otra vez». Aunque esta testigo tuvo momentos complicados con el abogado de la acusación particular al que no supo responder muchas de las preguntas también por «miedo a equivocarse».
El segundo testigo fue uno de los peritos judiciales encargado por el TSJ de ratificar el cumplimiento de la sentencia. Él también suscribió los problemas técnicos y documentales que se plantearon, pero tampoco pudo contestar a muchas de las preguntas de la acusación sobre otras causas de los retrasos.
Por último, declaró uno de los letrados del Ayuntamiento, que se encargó de la supervisión de este caso. El letrado aseguró que su papel se centró en dar cobertura jurídica al cumplimiento de la sentencia y también confirmó que «de este tema no había hablado nunca con el alcalde».
Estos tres testimonios, además de una memoria USB que presentó la defensa con el seguimiento puntual de todos los actos realizados para el Ayuntamiento para ejecutar la sentencia, apuntalaron los argumentos exculpatorios expuestos por el alcalde y su abogado. «Nunca hubo más de dos semanas de inactividad municipal desde que se recibía un aviso del juzgado y se cumplía lo que se pedía», apostilló Tejerina en las conclusiones finales del juicio, que ayer quedó visto para sentencia.