Visto para sentencia el juicio penal que dirimirá el futuro político de Francisco Javier León de la Riva. El alcalde de Valladolid volvió a sentarse ayer, por segunda vez y en medio de una gran expectación mediática, en un banquillo por el conocido como caso de los áticos de Zorrilla, que le puede suponer  una condena a 15 meses de inhabilitación para el ejercicio de todo cargo público, tal como pide la Fiscalía, o de 24 meses como solicita la acusación popular.

León de la Riva defendió en todo momento que «siempre» tuvo voluntad de ejecutar la sentencia de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del TSJ para devolver a la legalidad el edificio de Caja Duero en la plaza Zorrilla, donde también tiene fijada su residencia habitual.  Así, en sus contestaciones a la fiscal, Ana Valle, y al abogado de la acusación particular, Carlos Castro, el alcalde argumentó una y otra vez que si han existido «retrasos» en su cumplimiento ha sido por los númerosos problemas técnicos que se encontró el Ayuntamiento para ejecutarla tal como pedía la sala.

El alcalde, que llegó a la sede de los juzgados de Angustias pasadas las 9.20 horas de la mañana, comenzó su declaración 15 minutos después y la prolongó durante casi hora y media, en una sala donde contó con la presencia de un buen número de componentes de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Valladolid.

En primer lugar, el regidor respondió a las cuestiones planteadas por la fiscal, que comenzó preguntándole por la solicitud de nulidad de actuaciones que planteó su esposa en este procedimiento. «Lo tuve a posteriori porque fue una decisión de ella, que la consultó con su abogado», contestó León de la Riva con gesto serio y alguna muestra de nerviosismo. Ana Valle realizó un relato cronológico de los distintos autos y requerimientos que siguieron a la sentencia originaria de 2008 para que el Ayuntamiento le diera cumplimiento. «Delegué en la concejala de Urbanismo y le trasladé que se ejecutara la sentencia».

La presión hizo que el alcalde echara mano del «desconocimiento en materia jurídica» para justificarse ante la fiscal. «No soy experto en esta materia y por eso no comuniqué a la sala esa delegación».

Sobre sus abstenciones en las votaciones de las Juntas de Gobierno en los asuntos relacionados con la ejecución de esta sentencia, De la Riva argumentó que el vicesecretario general le aconsejó que se abstuviera. Ante la reiteración de la fiscal en esta cuestión le contesta que «el alcalde es ginecólogo y el vicesecretario general es jurista» y negó que se hubiera abstuvido para intentar eludir responsabilidades.

Tras las preguntas de la fiscal llegó el turno de la acusación particular, de la mano del letrado Carlos Castro.  El abogado comenzó recordando que el alcalde es ginecólogo, pero a la vez dejando claro que lleva desde 1987 desempeñado cargos políticos en la administración pública, por lo que se le presupone «conocimientos jurídicos» para entender los requerimientos de la sala, como el que se le hizo para designarle responsable final de la ejecución de la sentencia. «Entendía que había que restituir la legalidad. Yo no podía ponerme el casco y la piqueta y subirme a la terraza», contestó el alcalde.

Uno de los momentos de más tensión llegó cuando Carlos Castro le espetó que si en 20 años de alcalde no se había enterado de que «las cosas son así», lo que motivó un gestó muy serio en el regidor. El tono tenso se mantuvo mientras De la Riva aseguraba que no había interpuesto ningún recurso sin que se lo dijera la Asesoría Jurídica, y volvió a reproducirse en más momentos del interrogatorio, lo que motivó que la jueza les llamara la atención a ambos.

Una línea bien distinta mantuvo la defensa del alcalde, de la mano del letrado José María Tejerina, que solicitó al absolución por entender que nunca hubo conciencia y voluntad de no cumplir el mandato judicial.

Tejerina se mostró muy crítico con el planteamiento de la acusación particular y sus gestos «a la galería». Igualmente, planteó que el procedimiento tiene «carga política» y apuntó que se carga contra el alcalde por ser un político, además de coincidir con  la campaña electoral, lo que puede suponer un perjuicio para su defendido. «El alcalde no se ha negado dolosamente a dar cumplimiento a la resolución judicial», reiteró Tejerina, a la vez que expuso a la sala su reflexión de que el derecho penal no está para hacer inelegible a un candidato. En la misma línea, lamentó que se haya querido «magnificar algo que no tiene sentido» y finalizó su defensa alegando que «los hechos no son subsumibles en el tipo elegible por las acusaciones» y no son un delito.

Unas palabras que secundó el alcalde, que ejecutó su derecho a la última palabra en la vista oral, y lo hizo para reiterar que su voluntad fue «siempre» la de cumplir la sentencia. Eso sí, volvió a reiterar las dificultades y recurrió a los testimonios de los tres testigos para asegurar que las habían explicado claramente. De la Riva recordó a la jueza que se había abstenido en las votaciones de la Junta Local sobre este asunto porque así se lo indicaron. Y finalizó su intervención dejando en el aire una pregunta: «¿Qué gano yo con que no se haya ejecutado la sentencia en tiempo y forma?». Una pregunta que resolverá la jueza en los próximos días.