Las discrepancias que han escenificado esta semana en diferentes foros PP y PSOE llegaron ayer a su máximo nivel. La carta que envió el alcalde, Óscar Puente, al presidente del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo, dándole un plazo de 24 horas para que el exalcalde, Francisco Javier León de la Riva, y cuatro concejales del anterior equipo de Gobierno devuelvan los teléfonos móviles municipales amenaza con romper las relaciones entre ambos grupos.
La misiva requiere formalmente la entrega de estos terminales y amenaza con que transcurrido este plazo -que termina hoy al mediodía- sino se devuelve el propio alcalde denunciara ante el Juzgado de Guardia un posible delito de «apropiación indebida».
Puente entiende que Javier León de la Riva, Mercedes Cantalapiedra, Jesús Enríquez y Alfredo Blanco han tenido «tiempo suficiente para la adquisición de un nuevo terminal».
Esta carta y los términos de la misma han encendido los ánimos en el Grupo Popular, que entiende que es un gesto «de falta de talante para encajar las críticas». Eso sí, han anunciado que hoy mismo entregarán estos terminales, aunque matizan que «en junio se le comentó al alcalde qué si había que devolverlos. Inicialmente dijo que no hacía falta, luego dijo que sí, pero nunca comunicó cuándo», reitera José Antonio Martínez Bermejo. En este sentido, el presidente del Grupo Popular explica que uno de los concejales, Jesús Enríquez, escribió al funcionario responsable para preguntarle qué debían hacer y comunicarle que él había costeado la reparación de uno de esos móviles.
Distinta es la versión de Óscar Puente, que asegura que «se les ha requerido en multitud de ocasiones» y que tiene escritos firmados por los departamentos correspondientes que avalan este requerimiento. «Se les exige algo que es parte del patrimonio municipal», reitera.
Por su parte, los populares tildan de «berrinche» haber hecho pública esta petición y recuerdan al alcalde que los terminales «son aparatos que las compañías telefónicas entregan gratuitamente con el correspondiente contrato». Además, argumentan que los teléfonos «han sido objeto de uso personalizado y por tanto deben ser reseteados conforme a la ley de protección de datos personales».
teléfono personal. El alcalde desveló ayer, a raíz de esta polémica, que él y los concejales de su equipo de Gobierno usan sus teléfonos personales y pagan la factura del mismo. «Se supone que va en el sueldo», ironiza en relación a lo que venía siendo habitual en el Ayuntamiento.
Un argumento que también hace suyos los concejales del PP, que aseguran que costean de sus bolsillos «el gasto telefónico de sus llamadas desde el 13 de junio, fecha de la toma de posesión de la actual Corporación».
Al rifirrafe también se sumó el Grupo Municipal Socialista, que aprovechó para recordar a los populares que «la falta de elegancia brilló por su ausencia en el traspaso de poderes». El portavoz del grupo, Pedro Herrero, lamentó recurrió a una comparativa con el que se realizó en 1995 entre Tomás Rodríguez Bolaños y Francisco Javier León de la Riva. «En aquella ocasión el nuevo alcalde mandó a la Policía Municipal al domicilio del entonces exjefe de gabinete del alcalde para exigirle la entrega de un teléfono que, como se comprobó después, había sido devuelto el mismo día en que abandonó el cargo».
Agenda del alcalde. En este cruce de acusaciones por los cinco terminales municipales también salió a relucir la agenda institucional del anterior alcalde. El PSOE aseguró en el Pleno del pasado martes que fue borrada, algo que el PP justifica porque «era algo que se llevaba a través de la cuenta de correo electrónico que, conforme a la misma exigencia que ahora exhibe el señor Puente y de acuerdo con la Ley de protección de datos personales, se suprime desde el mismo momento en que el titular deja de ser concejal». Una explicación que no convence a los socialistas que entienden que «la agenda oficial de un alcalde no es personal, sino institucional»