La conciencia de dar cuentas de lo que se hace con el dinero público ya cala entre los ayuntamientos de Castilla y León. Ha hecho falta mucha pedagogía, pero sin duda ha sido determinante la amenaza de quedarse sin fondos del Gobierno para que los responsables municipales de un gran número de localidades de la Comunidad den el paso de remitir al Consejo de Cuentas su información para someterse a fiscalización.
Los avances en los últimos dos años han sido significativos, sobre todo entre los incumplidores reincidentes, esos ayuntamientos que desde que se constituyó el Consejo de Cuentas, hace más de una década, en la vida habían pasado el control fiscalizador del ente regional. En marzo de 2012 había 180 localidades en este grupo, cifra que se redujo a 56 a finales del año pasado y que a día de hoy se ha reducido a 50. Y en esta lista negra ya no figura ningún municipio con más de 1.000 habitantes, aunque sumados todos ellos alcanzan una población total que llega a los 10.000 vecinos. En términos relativos supone el dos por ciento de los ayuntamientos y el 0,4 por ciento de la población global de la comunidad.
Además de la espada de Damocles de la retención de la entrega a cuenta de las transferencias de fondos del Estado, que puede acordar el Ministerio de Hacienda al amparo de la Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013; el propio Consejo de Cuentas puede incluir a esos incumplidores reiterados en los planes especiales de fiscalización, que supone un examen mucho más profundo de las cuentas municipales y de los que el Ayuntamiento ya no puede escabullirse.
Es lo que le ha ocurrido este año a la localidad vallisoletana de Valdestillas, lo que le ha llevado a rendir cuentas por primera vez.
Otra de las medidas para presionar a los ayuntamientos a la fiscalización de sus cuentas y la imposición de multas coercitivas de hasta 3.000 euros a las personas responsables de no colaborar con el Consejo de Cuentas. Aunque legalmente es posible desde la reforma de las instituciones propias de la Comunidad, no se ha llegado a desarrollar hasta el momento por la vía de no incluirla como partida dentro de los presupuestos, lo que impide su ejecución. No obstante, la posibilidad está ahí.
En su última comparecencia en las Cortes, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, denunció el que «reiterado incumplimiento» de algunos ayuntamientos de la Comunidad, en su obligación de rendir cuentas ante el órgano fiscalizador «sólo puede explicarse por la inexistencia de sanciones».
Aunque se ha avanzado en los ayuntamientos que nunca han rendido cuentas, todavía queda camino por hacer para que todos lo hagan con puntualidad. De hecho, una de cada tres entidades locales de la región tiene pendiente de rendir la cuenta de dos o más ejercicios; y el 25 por ciento, de cuatro o más.