Los hay con asiento y hasta con 40 kilómetros por hora de velocidad máxima. Los hay de 157 euros, de 500 y hasta de 969, con baterías de más o menos duración, con ruedas de uno u otro tamaño, con plataforma doble o simple... Es el mundillo de los patinetes eléctricos, el ‘vehículo’ de moda para desplazarse por las grandes ciudades sin apenas gasto y sin contaminar, como defienden sus usuarios, que se aprovechan del limbo en el que perviven en medio mundo, con millones de ciudades enfangadas en el debate sobre cuál debe ser su sitio: ¿aceras, carriles bici o carreteras?

En España, solo Barcelona se ha atrevido por ahora a regular el uso de los llamados VMP(Vehículos de Movilidad Personal), epígrafe en el que están tanto los patinetes con manillar, como los ‘sin manos’ -los llamados hoverboard- o también los segway -esos de dos grandes ruedas que funcionan a través del balanceo del usuario-. La decisión del Ayuntamiento barcelonés ha sido salomónica: fuera de todas las aceras, excepto en aquellas de uso compartido. Los carriles bici serán también el destino para todos los VMP en Cáceres, que es otra de las ciudades que ha anunciado que va a dar el paso.

En Valladolid, todavía habrá que esperar para sacar de la alegalidad este tipo de vehículos, tal y como admite a este periódico el propio Luis Vélez, concejal de Movilidad del Ayuntamiento. «Hay un vacío legal con este tipo de elementos, los VMP que se llaman. La DGT ha sacado una instrucción en la que dice que lo debemos regular los ayuntamientos, pero eso no es tan fácil. Yo creo que lo más normal es que lo hubieran regulado ellos, a través de una modificación el Reglamento General de Circulación, pero lo que hace la DGT es pasar el problema a los ayuntamientos», se queja Vélez.

Dos años de tramitación. El concejal explica que «se debería regular mediante una ordenanza, pero la capacidad de generación de ordenanzas por parte de un ayuntamiento es limitada y es algo que no se hace de un día para otro». «Para nosotros, por ejemplo, el elaborar una ordenanza nueva, con toda la tramitación, pues igual nos lleva dos años. El ejemplo de que no es fácil es el hecho de que, por ahora, solo el Ayuntamiento de Barcelona lo tiene regulado con una ordenanza, y la ha aprobado hace solo unos meses», apostilla.

La situación en la ciudad condal no tiene nada que ver aún con la que hay en Valladolid, a pesar de que el incremento en el uso de ese tipo de vehículos VMP es plausible, sobre todo en vías como la avenida de Salamanca, donde los usuarios de los patinetes eléctricos suelen utilizar el carril bici.? «Hasta ahora no ha sido un problema en la gran mayoría de las ciudades, pero cada vez empiezan a verse más y, por lo tanto, a ser un problema», admite Vélez.

Tanto, que un patinete eléctrico ha protagonizado ya un accidente de tráfico, en este caso en el paseo de Zorrilla, en el cruce con Cañada Real. Fue el pasado fin de semana y según la Policía Municipal, estaba «usando un paso para ciclistas en fase roja», cuando fue arrollado por un coche; no hubo que lamentar más daños que los materiales, pero es ya un primer aviso.

Más aún cuando dentro de la alegalidad en que se mueven están también aspectos como la falta de seguro obligatorio, la utilización del casco o la velocidad máxima a la que pueden circular. «Ahora, en Valladolid, no está sobre la mesa la elaboración de esta ordenanza, aunque es algo que tendremos que plantearnos más pronto que tarde, porque la realidad es que sí va a empezar a haber más conflicto», apunta el concejal de Movilidad.

Las multas. A pesar de que no haya ordenanza específica, estos patinetes no están exentos de ser multados por la Policía Municipal, como recuerda Vélez: «Si va por la acera, se le puede denunciar. Si va por la calzada, también. ¿Y por el carril bici? Pues en teoría tampoco, puede, pero hay que ver por dónde generan menos peligro. La Policía Municipal debe trabajar con cierta flexibilidad y abordar cada caso en función del comportamiento de cada uno y los riesgos que genera». «Aquí hay un vacío legal, que no se resuelve de un día para otro; yo digo que la sociedad va por delante de las normas», reflexiona.

«Todas las ciudades tenemos un problema y lo más razonable es que lo hubiese regulado la DGT, pero lo que hace es generarnos un problema a los ayuntamientos. Y, además, no puede ser que cada uno lo haga de una manera, sino que tiene que haber unos criterios generales», concluye.