La ya tristemente famosa 'comfort letter', término anglosajón repopularizado en Valladolid en plena semana de homenajes a Cervantes, quien seguro preferiría hablar de carta de conformidad, amenaza con protagonizar la actualidad municipal durante mucho tiempo. Demasiado, y a la vez suficiente para acabar requiriendo más tinta que toda la obra del manco de Lepanto. Pero, a diferencia del talentoso padre del castellano, sin ninguna gracia literaria; ni política ni jurídica.

Como 'Comfort letter' se ha bautizado el caso del polémico aval del préstamo del soterramiento que el exalcalde Javier León de la Riva firmó el 26 de enero de 2011. Una carta de conformidad, como garantía para los bancos, que supuestamente aseguraba la devolución de la parte municipal del crédito de la obra del siglo (101 millones de euros) en caso de impago por parte de la sociedad Alta Velocidad, de la que el Ayuntamiento es titular del 25%. Con ello ha contado el pull bancario que lo concedió al menos durante casi cinco años, cuando lo cierto es que en todo ese tiempo no se había hablado en público, ni oficialmente, sobre tan delicado compromiso contraído por toda la ciudad. Hasta que lo desveló Óscar Puente el pasado 14 de diciembre para prologar una polémica de incierto desenlace.

Los demás socios se supone que presentaron correctamente sus cartas de conformidad, pero en lo que atañe a la del Ayuntamiento, León de la Riva la firmó y envió sin permiso del Pleno ni de ningún  otro órgano. Ni siquiera consultó al interventor, así que el actual equipo de Gobierno cuenta con que la Justicia admita la «nulidad de pleno derecho» de ese trámite que, de lo contrario, en caso de impago definitivo de la sociedad Valladolid Alta Velocidad sin acuerdo con el pull bancario, colapsaría el Consistorio por su insolvencia manifiesta para afrontar semejante préstamo en las condiciones actuales. Porque la Administración local siempre contó con ir pagando con la venta de 90 hectáreas de terreno, pero la crisis ha impedido traspasar un solo metro cuadrado. Y en parte también por ello, lejos de haberse cosido la ciudad con las vías bajo tierra, la herida abierta por la deuda amenaza con dejar una cicatriz contable de enormes proporciones.

Puente puso la carta de conformidad en manos de la Justicia el pasado 20 de abril y, ya de paso, añadió cierto drama a la escena al declararse «cabreado y fastidiado» porque «lo último que quería era perjudicar» a su predecesor. Sostiene que le mueve la defensa del interés general, para que los ciudadanos no acaben pagando el error confeso de León de la Riva (ya reconoció en diciembre que actuó "mal") y, posiblemente, también de parte de su equipo. Aunque, al mismo tiempo, el actual regidor ha reconocido que actúa encendido por el papel de «bombero pirómano» que atribuye a quienes hoy son los dirigentes municipales del PP. Ese calificativo se lo dedicó en concreto al presidente del principal grupo de la oposición, José Antonio Martínez Bermejo, por «cuestionar la legalidad» del acuerdo de urgencia que la sociedad Alta Velocidad firmó con el pull bancario para aplazar los pagos hasta el 30 de septiembre. Y en general, habló de una «actitud desleal» y «estrategia suicida» por parte de los populares que, según Puente, debilitan la posición del Ayuntamiento en la negociación con los bancos.

 

¿Por qué no se ha denunciado antes?

Puente dice que conoció la existencia de la carta de conformidad el pasado octubre a través de la sociedad Alta Velocidad (en el Consistorio no había constancia), pero tardó dos meses en hacerla pública, hasta el citado 14 de diciembre. De hecho, incluso el concejal de Hacienda, Antonio Gato, insistía la semana anterior a esa fecha, en declaraciones a este periódico, en que «las garantías para los bancos son fundamentalmente los terrenos».«Si luego intentan cobrar a los socios, nosotros entendemos que eso no es así y, como ha dicho el alcalde, ya nos defenderemos en el ámbito que corresponda». El edil no citó entonces la ‘comfort letter’, claro, pero ya iba perfilando la postura que mantiene y mantendrá el equipo de Gobierno.

Y la denuncia ha tardado cuatro meses más, supuestamente, para «proteger» a León de la Riva pese a la amenaza al interés general. ¿Por qué? Puente responde con otra pregunta: ¿para qué abrir un frente judicial si podía preservar el patrimonio ciudadano negociando por la vía amistosa un nuevo acuerdo con los bancos? Entre líneas se deduce que ya no ve tan clara esa alternativa, se supone que por el ruido político de la oposición.

 

Daños colaterales, a largo plazo si los hay

¿Pero basta con denunciar la carta de conformidad para librar a la ciudad de semejante deuda? ¿Aceptarían los bancos tal argumento sin plantar batalla judicial para asegurarse el cobro? Dos preguntas, entre otras muchas, que quizá no encuentren respuesta ni en esta legislatura. 

Con el conflicto judicializado, tal vez para cuando se despejen las incógnitas más gruesas sea otro equipo de Gobierno el que deba gestionar las consecuencias si las hay, aunque quienes hoy dirigen el Ayuntamiento confían en esa «nulidad de pleno derecho» y que, en todo caso, si alguien tiene que asumir responsabilidades, que sea León de la Riva y quienes participaran con él. «Largo me lo fiáis», que dirían Zorrilla o Calderón; Cervantes no, por más que se insista en atribuir esa expresión a su Quijote.

posibles delitos 

El equipo de Gobierno se ha cuidado mucho de retratar las posibles irregularidades cometidas sin poner nombre a los delitos que suponen, aunque apunta con claridad meridiana hacia la falsedad documental, la prevaricación y la usurpación de funciones. 

El argumento es que León de la Riva firmó y remitió la carta por su cuenta, saltándose el procedimiento que establece la ley de haciendas locales. No solicitó el preceptivo informe de Intervención Municipal para comprobar si la operación era viable por adecuarse a la situación presupuestaria y el techo de gasto; de hecho, el interventor confirmó por escrito su desconocimiento el pasado 2 de diciembre, y en principio, el endeudamiento se disparaba por encima de lo permitido. Tampoco sometió la operación al Pleno ni a ningún otro órgano municipal, y por supuesto, no llegó a solicitarse el visto bueno del Ministerio de Hacienda o del órgano correspondiente de la Administración autonómica.

Y aparte de esa incapacidad financiera del Consistorio que habría impedido validar la operación aun siguiendo el procedimiento legal establecido, en la carta se miente al apuntar, textualmente, que «el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid declara en este acto que cualesquiera actuaciones, así como todos los acuerdos, autorizaciones y consentimientos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento (...) han sido debidamente realizadas y adoptados». Tal cual.

 

¿Otra foto judicial para unas elecciones?

Por encima de las consecuencias políticas del caso Comfort letter estarían las económicas, por el compromiso adquirido en caso de impago del préstamo del soterramiento (si no se aceptara la nulidad de pleno derecho); o las penales, si efectivamente las hay. Pero no por ello es una cuestión menor que el conflicto en ciernes ha dinamitado la ya de por sí complicada relación entre Puente y su equipo con el principal partido de la oposición. Y para rematar, la judicialización del asunto en la antesala de una posible repetición de las elecciones generales en junio deja abierta la posibilidad de que también esto entre en campaña.

León de la Riva fue juzgado en plena precampaña de las municipales y autonómicas de 2015 por desobediencia a la Justicia en el caso de los áticos del edificio de Caja Duero; y condenado justo después de los comicios a 13 meses de inhabilitación. Y el hecho de que se haya presentado ahora la denuncia por la carta de conformidad, y no antes o después, puede hacer que los plazos judiciales coincidan con los políticos y que el exalcalde vuelva a ser portada si es llamado a declarar en torno a las mismas fechas. O quizá no se lleve la foto, pero sí titulares por los avances judiciales que se puedan producir durante la instrucción del caso. Todo son especulaciones, en cualquier caso, en torno a una polémica con muchos capítulos por escribirse y un final todavía muy abierto.