El pasado año se registraron en Castilla y León una media de cuatro robos diarios en explotaciones agrarias y ganaderas, hasta alcanzar los 1.460, lo que supone un descenso del 18,8 por ciento con respecto a 2013, cuando se contabilizaron 1.800. Este descenso fue del 24 por ciento en comparación con el año 2012, cuando se alcanzaron los 1.932 delitos. Estos datos fueron ofrecidos ayer en Valladolid por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, que destacó, en declaraciones recogidas por Ical, los «excelentes» resultados del Plan Roca, un dispositivo especial puesto en marcha por la Guardia Civil en octubre de 2013 y que en el caso de Castilla y León está compuesto por diez equipos integrados por 45 agentes.
En este sentido, Martínez Vázquez aseguró que este dispositivo se mantendrá en funcionamiento, aunque planteó que se podrían hacer algunas modificaciones para que resulte más eficaz en determinadas zonas donde el número de delitos se mantiene alto. Además, insistió en que junto con la lucha policial, también es necesario endurecer las penas para los autores de este tipo de delito, algo que contempla la próxima reforma del Código Penal, y seguir potenciado las medidas preventivas para reforzar la colaboración de los agricultores y ganaderos.
A nivel nacional la reducción de los robos en explotaciones agrarias y ganaderas fue del 12,1 por ciento, al pasar de los 24.078 delitos de 2013 a los 21.153 del pasado año, y del 10,57 por ciento en relación a 2012, cuando se contabilizaron 23.655 delitos de este tipo.
Seguridad ciudadana. El secretario de Estado también se refirió al proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y aseguró que los principal objetivos son los de combatir las manifestaciones violentas en cualquier ámbito y mejorar el marco de garantías de la actuación policial.
Además, también explicó que la nueva norma, atendiendo a las numerosas peticiones realizadas por asociaciones de padres y de profesores, perseguirá a la prostitución que se ejerce en zonas cercanas a colegios o parques infantiles, estableciendo sanciones económicas para los clientes que van desde los 600 a los 60.000 euros.
A su vez, preguntado por las numerosas críticas que está recibiendo esta reforma legislativa, Martínez Vázquez argumentó que se trata de un norma que ha elaborado con «sosiego» y contado con la opinión de todos los órganos consultivos y constitucionales del Estado. «Es muy fácil crear un eslogan sin argumento y cuando algunos aseguran que con esta ley se está recortando el derecho de manifestación están mintiendo. La nueva norma lo único que busca es acabar con la violencia en las manifestaciones».
Según Martínez Vázquez, se trata de una ley «necesaria» donde sólo se persiguen las actividades violentas, incívicas o peligrosas, a la vez que recordó que “siete de cada diez detenidos por desórdenes públicos son absueltos, pese a que en los tres últimos años el coste de estas acciones peligrosas violentas han supuesto un coste de 47,5 millones de euros. «La ley es garante de la convivencia y nos va a permitir tener una España más segura».
Por últimos, sobre la amenaza del terrorismo yihadista, aseveró que en «Castilla y León no hay motivos para una preocupación especial» y destacó la alta preparación y experiencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para combatir el terrorismo.